En el enfoque teórico de la toma de decisiones, existe un problema clásico denominado “falacia del costo hundido”. Esta es la tendencia a continuar con una acción o proyecto solo porque ya se han invertido recursos significativos (tiempo, dinero, esfuerzo), incluso si la mejor opción fuese detenerse o corregir el rumbo.
La historia, como siempre, tiene grandes ejemplos de las consecuencias de esta falacia; entre ellos, la participación prolongada de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, donde, a pesar de saber que el conflicto era insostenible, los líderes políticos continuaron enviando tropas y recursos por no querer “tirar por la borda” lo que ya habían invertido. Está también un ejemplo alejado de la belicosidad, como el desarrollo del avión supersónico Concorde por parte de Francia y Reino Unido, el cual persistió durante años, aun cuando el proyecto ya se había revelado inviable económicamente, solo porque se habían comprometido enormes sumas de dinero y prestigio tecnológico y político. En estos casos, y otros más, el temor a “echarse para atrás” costó más que detenerse a tiempo.
Esto se relaciona a ese trabajo de meses (en un contexto real, años) para la elaboración de la nueva y actualizada Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2024 “Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos”, que involucró reuniones, mesas de trabajo, aportaciones técnicas, negociaciones institucionales, recursos públicos, y que justamente deriva en una presión para ver culminado ese esfuerzo. Sin embargo, esta normativa presenta multitud de errores e inconsistencias que la hacen no menos que inviable. Y justo de esta circunstancia se deriva ahora un punto crítico en el proceso, y aparece esa trampa sutil, pero peligrosa: la creencia de que “ya no nos podemos echar para atrás”, solo porque el proyecto está demasiado avanzado. Este razonamiento, justamente, es el que en economía conductual representa a esta falacia del costo hundido.
Esta falacia puede condicionar que las decisiones actuales y definitivas se tomen en función de lo que ya se ha invertido, en lugar de lo que es más conveniente o correcto a futuro. Aplicado a esta norma, significa que, aun cuando se ha identificado que el proyecto presenta errores técnicos, omisiones graves, inconsistencias jurídicas o riesgos operativos, algunos prefieren no detener su publicación porque implicaría “perder” el tiempo y esfuerzo ya invertidos. Pero lo cierto es que continuar con una mala norma solo para no admitir que hubo fallas puede ser mucho más costoso que rectificar a tiempo.
Una norma mal diseñada no solamente afecta la credibilidad del sistema regulatorio, sino que puede traducirse en impactos negativos para la salud pública, la seguridad asistencial, la operatividad de servicios, la industria involucrada e incluso la vida profesional de los clínicos relacionados. Persistir en su publicación por miedo al juicio político o institucional es una decisión que antepondría el ego o la burocracia al interés público, lo cual no es correcto.
Debe quedar claro: replantear no es fracasar; al contrario, es ejercer un liderazgo maduro. Las normas deben estar hechas para servir a la sociedad, y no para cumplir cuotas de productividad normativa. Detener un proceso como este ante la abrumadora evidencia de errores no es debilidad, sino responsabilidad. De igual manera, la óptica no es tampoco en blanco y negro: echar atrás un proyecto de este tipo no indica empezar desde cero, puesto que pueden rescatarse elementos previos útiles, incorporándoles mejor evidencia, fortaleciendo los mecanismos de consulta y discusión, y así construir una norma verdaderamente útil y sólida.
Aquellos a cargo no debemos temer sobre “el qué dirán” por haber corregido el rumbo; al contrario, debemos temer las consecuencias de publicar normas que no están listas o son incorrectas. Como profesionales, sociedad y Estado, debemos tener el valor de reconocer cuando algo no está bien hecho, aunque esté muy avanzado, y actuar en consecuencia. La norma correcta es la que cumple su propósito para nuestra nación con base en evidencia, no la que simplemente “logró llegar al Diario Oficial”.
Desde esta trinchera, estamos, como siempre, dispuestos a aportar lo necesario. Autoridades: les corresponde hacer lo propio.
Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre.
LALC