El martes pasado, lo que empezó en junio de 2024 como un exhorto de las diputadas y diputados del PAN para que la Secretaría de Finanzas estatal extinguiera el Fidesseg y que desencadenó una férrea defensa legal encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), esta semana terminó con la celebración de un gran acuerdo entre empresarios y gobierno para darle continuidad al modelo, pero con variantes importantes.
Como todo buen arreglo, este fue precedido por intensas negociaciones en las que ambas partes ganaron y cedieron en sus posiciones iniciales, logrando un esquema en el que seguramente todos ganamos.
El Gobierno del Estado gana al eliminar lo que ellos consideraban intermediación a través de dos fundaciones empresariales que actuaban como evaluadores de los proyectos a financiar con recursos del Fidesseg, canalizándose ahora este proceso a través de plataformas digitales administradas por la Secretaría del Nuevo Comienzo, que pretende otorgar mayor transparencia al proceso de aprobación de proyectos y entrega de recursos.
Pero este recorrido el gobierno no lo hará solo, sino que será acompañado de un grupo de especialistas independientes que evaluarán “el cumplimiento de los requisitos y el impacto social de los proyectos”, que además estarán respaldados por un consejo que contará con representantes de los empresarios, de las organizaciones de la sociedad civil, y del propio gobierno.
Con este esquema, los empleadores, que son los aportantes, podrán seguir vigilando la correcta distribución de los recursos, sin que estas decisiones sean tomadas solamente por el gobierno, pero además, y muy importante, ahora se integrará a esta vigilancia a los propios beneficiarios, es decir a las asociaciones de la sociedad civil, lugar que no tenían en el modelo original, y que siempre hicieron falta.
Sin duda, el logro más importante de los empresarios fue el de garantizar, a través de una iniciativa de Ley (que esperamos se apruebe), que se asegure la continuidad transexenal del modelo mediante la canalización de manera “clara y permanente” del 0.2% del Impuesto Sobre Nóminas para proyectos de desarrollo social y prevención de la violencia, y del 0.1% a proyectos para el fortalecimiento de la seguridad.
De esta manera se descarta la posibilidad de que los recursos que los empresarios propusieron se les cobrara de forma adicional fueran ahora transferidos a la bolsa general de la tesorería del estado, y se perdiera la huella de su destino final, o peor aún, estos acabaran financiando gastos operativos, intereses de deuda u otros programas gubernamentales.
Todos ganan al haberse trasladado el manejo administrativo del modelo hacia la Secretaría del Nuevo Comienzo y hacia la Secretaría de Seguridad y Paz, pues aprovechar toda la infraestructura gubernamental para operar el modelo, seguramente ahorrará el gasto administrativo que ejercían las fundaciones.
Con este acuerdo subsiste el corazón del modelo, aquel que se cimienta en una aportación de los contribuyentes que sea directamente destinada a obras sociales y de seguridad, pero ahora se le traslada su administración y confianza al gobierno, de manera que ya no habrá invasión de atribuciones, y los apoyos de estos recursos estarán alineados con los objetivos y planes diseñados por el gobierno y los empresarios.
Es de destacarse la atinada intervención de la gobernadora Libia García para resolver este conflicto. Reconozco el gran trabajo que llevaron a cabo nuestros líderes empresariales, primero en la defensa y después en el acuerdo final, principalmente Roberto Novoa como presidente del CCEL, además de Gerardo Pons y Juan Carlos Usabiaga como presidentes de las Fundaciones FE GTO y Actuando por GTO, y con el valioso apoyo del Lic. Juan Rodrigo Moreno, como asesor legal de los empresarios. Felicidades.
LALC