Nada es más importante para un capitán que su barco, su tripulación, y su destino. Sin embargo, para quien nada sabe de navegación, será lo mismo ahogarse en el mar o en un vaso de agua.
El anuncio del alcalde de Celaya de realizar una reingeniería administrativa que puede alcanzar hasta EL DESPIDO DE MIL TRABAJADORES de la presidencia municipal, casi un tercio de la plantilla actual, es un desatino, que raya en un acto digno de Nerón o Trump. En principio, es una amenaza que genera incertidumbre, acoso laboral, y rompe otra vez la estabilidad emocional que sufrieron los trabajadores y sus familias con la llegada de los nuevos servidores públicos.
Su tozudez sobre este asunto a nueve meses de su llegada a la presidencia municipal, revela que la gestión y administración es un enigma cuántico para la elocuencia de sus discursos, y su falta de liderazgo. La administración pública requiere aplicar técnicas de planeación, organización, integración, dirección y control de los recursos humanos, financieros y materiales, pero a pesar de haber contratado más de 300 empleados de primer, segundo y tercer nivel, además de asesores externos, sigue esperando en el limbo de sus ocurrencias y venganzas, lo que no llegará, aun si contratara el doble, el triple o más de empleados, porque el problema, es él, no los trabajadores.
No es un líder, su llegada a la presidencia municipal, fue un golpe de dados, pero tampoco es un experto en administración, y sus carencias las suple con autoritarismo y abuso de poder. No quisiera imaginarlo, en estos momentos, caminando solo en las sufridas calles de nuestra ciudad, sin el acompañamiento ostentoso, amenazante, dispendioso de escoltas, policías y guardias municipales.
No es un líder, porque no tiene un propósito moral; porque no comprende la diferencia entre el pasado y el presente; porque las relaciones que sostiene están basadas en el intercambio de bienes o favores; porque no es un ejemplo ético y reflejo de valores que pongan en el centro los derechos humanos; porque con esa conducta, no tiene coherencia entre lo que dice que va hacer y no hace, y entre lo que dice que no hará, y lo hace; porque no tiene energía moral; porque no entusiasma su gobierno. Puede intentar engañar, y quizá lograrlo, pero él sabe y quienes le acompañan que no pueden engañarse entre ellos, y si ellos lo saben, solo tejerán un puente de mentiras que caerá tarde o temprano.
Le pido una disculpa a mis tres lectores, por el uso de la primera persona, pero no puedo dejar a un lado la cultura humanista, democrática, con la que abrí los ojos al entendimiento y la búsqueda de una mejor sociedad. Nuestra moral, mi moral, la de quienes emprendimos desde nuestra temprana edad, la búsqueda de una transformación de las relaciones laborales y la estructura del trabajo, está inspirada en ideales de equidad, justicia, y respeto. No es esto, que entre adulaciones y amenazas, intenta ser gobierno. Desde mi óptica, ser gobierno implica una actitud congruente con un ambiente laboral más justo, equitativo y participativo, incluso, aceptando el desafío a las jerarquías tradicionales, y promoviendo la colaboración y la solidaridad entre los trabajadores. Esto es muy simple, si no puedes te ayudo, si no sabes te enseño, si te caes te levanto. Esto me recuerda la filosofía Sufi, yo soy tú.
No había una arquitectura laboral, ejemplar, en la administración pasada, pero lo que tiene ahora, se sostiene por la inercia. Hay un cuerpo directivo, que solo reacciona, brinca de un lado a otro, sin que haya un líder que lo integre, que le de dirección y un control ético a los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta el Ayuntamiento. Pero, sobre todo que sea respetuoso del Estado de Derecho, cuyo fin en la administración pública, es proteger y promover los derechos humanos.
Para sustentar lo anterior, déjeme decirle que los despidos han sido el sello personal del presidente municipal, todo ello, bajo la sospecha de irregularidades, pero sin comprobar, y pagando millonadas por los despidos. En el periodo del 10 de octubre a diciembre despidió a 100 trabajadores municipales, con un gasto de 9 millones 683 mil pesos. Esas plazas fueron ocupadas por sus directores, y personas de su confianza que, en la lógica del cambio, serian el baluarte para una administración superior a las anteriores. Serían los liderazgos esperados en los últimos 30 años, pero no fue así, la lista es larga de los personajes que fueron contratados sin tener experiencia o el perfil adecuado al puesto, y en otros casos, el valor ético en su pasado laboral.
Igualmente, en los primeros días de octubre, fueron cesados 386 policías, la mayoría de extracción federal de los conocidos como “fedepales”, en los que se gastó más de 35 millones de pesos. Las plazas dejadas por estos policías, las han intentado suplir con antiguos expolicías municipales, y con cadetes del INFOPOL que aún no han aprobado su examen de control y confianza, pero no superan los 150 candidatos a policías. Por otro lado, los mandos policiacos están ocupados por militares, originarios de otros estados.
De enero a mayo de este año, despidieron a 132 personas en la secretaria de Seguridad Ciudadana; en la Secretaria del Ayuntamiento 42 personas, entre las que habían terminado su ciclo de tres años como delegados municipales; en la tesorería municipal 39 personas; en la Oficialía Mayor 15 trabajadores. En total 324 personas despedidas -además de los fedepales-, el 43% ya habían recibido su finiquito, que ascendió a 9 millones 190 mil pesos, y el 57% restante estaba en proceso, o “NEGOCIACION”. Se esperaba que el monto fuera superior, al pagado al 14 de mayo en que cerró el informe la Oficialía Mayor.
El monto pagado por despidos de octubre a la primera quincena de mayo fue de 18 millones 874 mil pesos, sin considerar todavía 172 empleados (57%) que aún no recibían su finiquito. Además de los 30 y tantos millones pagados a los “fedepales”. En suma, de octubre al 14 de mayo, estamos hablando de un gasto aproximado de más de 50 millones de pesos.
Pero lo significativo es que, si un importante porcentaje de estos despidos hubiera sido para mejorar las finanzas municipales, eficientar los servicios y hacer obra pública, sería destacable, pero no fue así, se ha contratado la misma cantidad de personas en el área administrativa, sin lograr avances, y repitiendo el mismo modelo de administración anterior que critican, pero no corrigen. Esto significa, que los despidos, pudieran ser una forma encubierta para darle empleo a mano de obra electoral para un proyecto político personal.
¿ANUNCIOS O AMENAZAS? ATROPELLO A LOS DERECHOS HUMANOS.
He referido constantemente, que el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, es la piedra angular de la administración pública, para evitar el abuso en la toma de decisiones de quienes ejercen la función pública, de tal manera que solo pueden hacer aquello para lo cual están expresamente facultados. Por ejemplo, no existe la facultad para el despido injustificado, ni tampoco para NEGOCIAR, está obligado a una actuación en el marco de la Ley. Tampoco es legal la continuidad de los contratos por tiempo determinado, es decir por 30, 60 o 90 días, con la intención de menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores. Sin embargo, esa práctica la hacen en la presidencia municipal.
Partiendo del PRINCIPIO DE LEGALIDAD, el alcalde tampoco puede expresar públicamente, ningún asunto que vulnere los derechos humanos de los trabajadores o de los ciudadanos, él está obligado a fundar y motivar debidamente y por escrito su actuación, es decir, los preceptos legales en los que se sustenta su competencia y su autoridad. Su declaración a la prensa que contrataría a un despacho para una reingeniería administrativa con la intención de contar con dinero para invertirlo en obra pública, genera inestabilidad laboral, fomenta el acoso, el abuso, el chantaje por parte de los funcionarios con jerarquía superior en aras de la obtención de sumisión, incondicionalidad y complicidad en posibles actos deshonestos, o discriminatorios por el hecho de no formar parte del partido político que llegó al poder municipal. Pero, lo fundamental es que su dicho no está fundado ni motivado, y mucho menos, es un acuerdo del cabildo.
Con esa amenaza laboral del alcalde a sus subordinados, partiendo de la experiencia de despidos de los últimos nueve meses, donde ha externado su predisposición a contratar por razones partidarias o recomendaciones politicas, incumple con su obligación de respetar el Estado de Derecho, es decir, respetar los derechos humanos. Específicamente, el derecho al trabajo digno, productivo, en condiciones laborales justas y satisfactorias.
El Estado, del que forma conceptualmente el Ayuntamiento, está obligado no solo a la promoción del empleo, sino también a la protección de su comunidad frente al desempleo. No hay un solo elemento fundado en la verdad jurídica, o en la investigación científica y técnica para lanzar a la opinión pública la amenaza de desempleo, desde luego, no despedirá a quien ha contratado por afinidad política, o de intereses comunes. Sus despidos, en muchos casos han sido selectivos, por encima de competencias o capacidades.
En este sentido, el ciudadano alcalde olvida que los servidores públicos, tienen un deber reforzado de debida diligencia y de cuidado en los derechos humanos, y es ilegal que, en ejercicio de sus funciones, use recursos del Estado para difundir información sin veracidad y objetividad u opiniones sin base razonable, poniendo de manera maliciosa en el centro de su argumentación, el despido para ahorrar dinero, que dispondría después para obra pública. Como ya lo observamos, los despidos no han mejorado la eficiencia o la efectividad de la administración, y mucho menos las contrataciones para suplir a los trabajadores despedidos.
Desde luego, los trabajadores no dependen de la voluntad o decisión ajena al interés público, también tienen otros derechos. Los trabajadores por tiempo determinado que han sido recontratados cíclicamente, tienen todo el derecho de impugnar no solo la terminación del contrato, sino hacer valida la liquidación por todo el tiempo laborado, igualmente pueden quejarse en la Sub Procuraduría de Derechos Humanos por el trato indigno, y la tacita alusión publica a una falta de competencia y aptitud laboral que los sataniza y victimiza para la búsqueda de otro empleo, que al igual, lastima su dignidad como personas. Si el alcalde a pesar de lo injusto de esa advertencia, el Ayuntamiento se lo aprueba, los trabajadores pueden hacer uso de su derecho a expresar y manifestar públicamente su rechazo a la purga laboral por motivos políticos. Igualmente, si los sindicatos permiten esa arbitrariedad, en el marco de la Ley, los trabajadores pueden crear otro, u otros sindicatos. Y claro que no están solos, los celayenses no permitirán más abusos.
El alcalde no puede ni debe alegar motivaciones políticas o partidarias frente a una respuesta organizada de los trabajadores, una, porque él ha usado los despidos para contratar a sus promotores de campaña electoral; dos, porque hasta la fecha, ningún partido político ha defendido los derechos laborales de los despedidos, ni ha generado una inconformidad publica, ni en las sesiones del Ayuntamiento. Este es un asunto de principios éticos y morales, entre el respeto a la ley, y el uso arbitrario del poder por motivaciones políticas. Y déjeme darle información que muestra la falta de sustento de las declaraciones del servidor público, que preside el Ayuntamiento.
NO SOBRAN TRABAJADORES, FALTA TALENTO Y LIDERAZGO.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ONU-Hábitat recomiendan entre 8 a 10 empleados municipales por cada 1,000 habitantes en ciudades con servicios integrales. Esto incluye seguridad pública, recolección de basura, servicios administrativos, agua potable, desarrollo urbano, y más.
Según el INEGI y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el promedio en municipios urbanos de tamaño medio-grande en México oscila entre 6 y 8 empleados por cada 1,000 habitantes, aunque muchas administraciones están por debajo de este nivel por razones presupuestales.
Celaya se considera un municipio medio-grande, por su infraestructura urbana, social y económica, política, y por tener una población de 600 mil habitantes, acercándose a la categoría de Grande o metropolitano.
Los criterios que se manejan de acuerdo al número de empleados son: Bajo, con un numero sugerido de 6 empleados por cada 1000 habitantes; Medio, con un numero sugerido de 8 empleados por cada 1000 habitantes; Alto, con 10 empleados por cada 1000 habitantes.
Celaya tiene una población estimada (2025) de 600 mil habitantes, cuenta actualmente con un aproximado de 3,200 trabajadores municipales, incluyendo base, confianza y contrato, es decir, tiene 400 menos que lo sugerido. Esto representa 5 empleados por cada 1,000 habitantes, por debajo del estándar mínimo de eficiencia operativa municipal. A pesar de los problemas de gasto corriente y de nómina inflada en algunas áreas, el problema no está en la cantidad total de trabajadores, sino en la mala distribución y subutilización del personal. Y algo que no les gusta por ser un tema que no da votos, en una planeación deficiente de los ingresos, y un uso indiscriminado de los egresos.
Pero también hay eventos que ponen de manifiesto lo absurdo de sus dichos en relación a la efectividad y austeridad como motivo de despidos. A manera de ejemplo le comento, en las semanas anteriores se gastaron cerca de cien millones para la adquisición de vehículos para la Secretaria de Seguridad Publica, cuando se tiene un déficit de más de 700 plazas, es decir no hay policías; se gastaron en 10 días, 32 millones de pesos en la Feria de Verano; 25 millones en el comedor del Infopol en donde servían “mala” comida; se crearon puestos como el de Jefe de Gabinete y ayudantías que realizan funciones de coordinadores de eventos; se contratan despachos para encuestas de servicios públicos que no sirvieron o no leen; se contratan despachos para despedir a empleados; se contratan despachos para la realización de tareas que corresponden por ley al IMIPE; se contratan despachos para limpiar virus cibernéticos; se contratan empresas para realizar las pachangas de ferias con vino y cerveza en el Ecoforum, y sigue la lista. Claro que por eso no tienen dinero para obra pública, como no lo tenían las otras administraciones.
Y le doy un dato por demás ilustrativo de lo anterior, gastarán 29 millones de pesos para renovar la póliza de seguro de la flotilla del parque vehicular oficial, que asciende a 1,148 unidades desde utilitarios, patrullas y maquinaria. Es decir, si tenemos 3 mil 200 empleados, existe un vehículo por cada tres trabajadores, o para decirlo de otro modo, de cada 3.2 servidores públicos, hay uno que tiene un vehículo para su uso. Y claro, los hay desde blindados con un costo de 4 a 7 millones de pesos por unidad, para la nueva Aristocracia Ratonera, hasta los de dos ruedas sin doble atracción. Pero el 99% de estas unidades las utilizan servidores públicos de la ciudad, y preponderantemente para tareas de la ciudad, solo tres comunidades tienen un vehículo para uso del delegado municipal, los demás delegados usan el transporte semiurbano, o sus bicicletas o motos para visitar los ejidos, las rancherías, y los sitios de sus obligaciones laborales.
La desesperación por agradar y popularizar la figura del presidente municipal, ante la falta de aceptación ciudadana, totalmente valida, al no ofrecer cambios básicos, lo están llevando a hacer el hoyo más grande. No se trata de reducir por reducir la plantilla laboral, ya lo señalé, el número de empleados actual está por debajo de estándares, por lo que reducir sin conocimiento puede desmantelar áreas esenciales, y empeorar otras. En lugar de despedir masivamente, es urgente evaluar, capacitar, redistribuir funciones y promover sistemas de integración de acciones colectivas. Invertir en investigación, capacitación, y ampliación de mano de obra en sitios sensibles de la gestión municipal es fundamental. Faltan empleados, la opinión de los ciudadanos recogidas por las empresas encuestadoras son desaprobatorias para los servicios municipales. Eso no se puede ocultar, está a la vista.
Hacer un diagnóstico técnico por área, era fundamental desde el inicio de la administración municipal, con el afán de mejorar su eficiencia y eficacia, no con la idea preconcebida de hacerle espacio a como diera lugar a los promotores de campaña. Que, de cierto, no pasaban de 50 trabajando para sus propias candidaturas, e impactando de forma colateral en la presidencia municipal. La contratación de despachos con costos millonarios, para diversas tareas, y en este caso para la reingeniería, contradice la afirmación del exceso de personal, salvo que los encargados de esas áreas, sean aquellos que se contrataron pero que no tienen el conocimiento, ni la experiencia para una tarea de esa naturaleza. Hay que reforzar toda la administración municipal, desde luego que sí, pero eso debe hacerse con datos, criterios técnicos y participación ciudadana con el objetivo de mejorar, no de destrozar la administración.
Sus nueve meses de gobierno del alcalde, han sido prácticamente una segunda campaña electoral. Ha capeado el temporal con promesas espectaculares, que se caen por si solas, como la inversión de más 2 mil 600 millones para “más de 30 obras” en infraestructura urbana con un préstamo a fondo perdido del BID, que resultó inventado, porque a meses del anunció público, el IMIPE, respondió que los proyectos ejecutivos estaban en proceso, luego se anunció que no “fueron aprobados” por razones políticas.
Hubo más promesas, de softwares, de reuso de fibra óptica, de digitalización, reforestación de 100 mil árboles, y más cosas, pero la “suerte” ya le está jugando chueco, y los directores parece que solo le dan el avión. Lo cierto es que, el tiempo pasa y solo hay espectáculos intentando distraer la atención de los temas neurálgicos de la ciudad. Las quimeras, o la falta de planeación nada tiene que ver con los trabajadores que intenta despedir.
Por todo lo anterior, le puedo decir que no sobran trabajadores municipales, faltan lideres talentosos, sensibles, y sobran necesidades. La ciudad tiene retos enormes para los próximos 10 años, y al alcalde Ramírez se pasa el tiempo dilucidando como emplear adeptos y asegurar mano de obra para su reelección, hoy por hoy, ya empantanada.
La semana pasada hizo un escándalo mediático por la encuesta que señalaba que el 69.4% de los celayenses no votaría por su reelección, dijo algo que lo viste de cuerpo entero: “No, pues lo que pasa es que son muchas calificaciones, voy a hacer una tontería como siempre, voy a decir una tontería como siempre, hay encuestadoras que me dicen que si les pago tanto ellas me ponen en lugares buenos”. Reconoció que HARIA Y DIRIA UN TONTERIA COMO SIEMPRE. Si está ciudad le sigue permitiendo decir y hacer tonterías COMO SIEMPRE, no seremos un Polo de Desarrollo en los próximos años, sino la burla de este país, como ya lo es el ciudadano Ramírez en esta ciudad a la deriva.
Todos somos útiles, todos somos necesarios e importantes para reconstruir con sentido humano la Nueva Celaya. ¡Ni un despido injusto más, ni una familia más al desamparo! Todo para todos, nada para nadie.
REVOLCADERO. Dice el alcalde que fue un éxito la Feria de Verano, habló de 100 mil personas que acudieron en diez días, es decir, ¡10 mil personas por día! En un aproximado, se tendría un ingreso por entradas a los eventos de 22 millones de pesos, más los ingresos por rentas de espacios, estacionamientos, venta de chelas y otras bebidas. Esperemos con paciencia los datos del éxito, y no chivo en los tamales. ¿Qué piensa usted?