El pasado 27 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un destructivo misil para el sistema bancario mexicano: culpa a tres instituciones financieras de haber realizado transferencias bancarias vinculadas, según ellos, al narcotráfico: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Las operaciones señaladas fueron canalizadas por empresas existentes legalmente constituidas, sin señalamientos, que pasaron los protocolos de “Prevención de Lavado de Dinero” y, las transferencias, fueron realizadas entre 2013-2023. Pero entonces, ¿por qué esperaron hasta ahora para acusarlas? Los montos fueron relativamente pequeños, 2 mdd aproximadamente cada institución, comparados con los 5 mil mdd que se negocian diariamente en México.
Pese a eso, la inclusión de estas instituciones en la lista negra implicó el congelamiento inmediato de cuentas en EE.UU., el cese de relaciones con corresponsales internacionales y sobre todo un severo daño reputacional. Pero lo que parecía una sentencia sellada tuvo un giro inesperado: a los pocos días, el propio Tesoro de Estados Unidos cambió de tono y concedió un plazo extraordinario de 45 días para que las instituciones mexicanas presenten pruebas de descargo, lo que deja entrever que el caso no estaba tan sólido como suponían.
Pero sorprende lo sesgado de la investigación: en toda operación internacional existe un banco emisor y otro receptor, compensadores, que reciben y dispersan los fondos. Si alguna de las tres instituciones acusadas transfirió recursos tóxicos hacia EE.UU., o China, esos fondos pasaron inevitablemente por instituciones como Citibank, JP Morgan, Wells Fargo o Bank of América. Y, sin embargo, no hubo una sola mención, ni una sanción, ni siquiera una advertencia hacia esos bancos estadounidenses. ¿Dónde queda entonces la profunda investigación del beneficiario del dinero?
Estados Unidos es, por mucho, el mayor consumidor de drogas del planeta. Ese volumen de consumo genera miles de millones de dólares que inevitablemente entran a su sistema financiero, no los guardan debajo del colchón. ¿Cómo llega ese dinero a la red bancaria? ¿Quién lo lava y lo convierte en activos? ¿Se vuelve invisible dentro del sistema?
Este episodio recuerda inevitablemente el escándalo de HSBC en 2012. El banco británico fue acusado de haber lavado, entre otras cosas, dinero del Cártel de Sinaloa. En sus propias sucursales en Texas, millones de dólares y luego dispersados globalmente. El resultado: una multa y continuó operando como si nada.
Lo paradójico es que los bancos mexicanos están entre los más capitalizados y regulados del continente. Su Índice de Capitalización (ICAP) promedio supera el 18 %, por encima de los estándares de Basilea III y de muchos bancos regionales estadounidenses. La supervisión de la CNBV, Banxico y la UIF, bajo las normas internacionales más estrictas, incluyen reportes diarios, auditorías constantes y un sistema antilavado. Lo raro es que solo tres bancos pequeños nacionales son señalados y no los grandes extranjeros, que transfieren más divisas. Seguramente, son más fáciles de acosar y carecen del blindaje diplomático y mediático. Además, esta acción apuntala la narrativa de mano dura al presidente Trump.
Coincidentemente, este tipo de acusaciones surgen en un contexto de creciente tensión binacional, donde México defiende con mayor firmeza su soberanía. Entonces, Estados Unidos manda un velado mensaje: si no te alineas pagas los costos. En ese contexto, Trump utiliza el garrote al estilo del presidente Theodore Roosevelt, que no resulta nada nuevo.
Lavar dinero es, por definición, una operación transnacional. Requiere origen, ruta y destino. Culpar exclusivamente al banco emisor, mientras se omite a los bancos que reciben, dispersan y ocultan los dólares en fondos e inversiones, en Asia o en paraísos fiscales, no es justicia, es presión política: es hipocresía deliberada. Pero el golpe mediático ya está dado. Dos de los bancos señalados, probablemente concluyan en quiebra técnica, Vector se salvaría, porque no le afecta operaciones bursátiles.
Las instituciones mexicanas tienen ahora 45 días para defenderse de la narrativa construida en Washington. Pero más allá del desenlace, queda una pregunta de fondo: ¿cuándo Estados Unidos empezará a barrer su casa, antes de querer limpiar la ajena? Ser el mayor consumidor de drogas en el mundo, sugiere que el sistema financiero bancario está contaminado por la terrible epidemia del dinero del narco, ese que se pierde en los ríos de dinero de la economía del país más rico del planeta.