La fracción IX del artículo 93 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato establece la posibilidad de que en las compras públicas relacionadas con la seguridad que hacen las diversas instancias del gobierno estatal, se omitan las convocatorias públicas y transparentes y se opten por las asignaciones directas sin que al final se sepan los montos y condiciones de los bienes adjudicados.
De igual manera, la fracción VII del artículo 125 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio de León, establece esa misma facilidad para el Ayuntamiento de nuestra ciudad, incluso la redacción de ambas disposiciones es la misma, señalando que se pueden hacer asignaciones directas sin licitación “Cuando el conocimiento público de las especificaciones de los bienes o servicios a contratar pudiera afectar la seguridad pública, o comprometer información de índole reservada Confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato”.
En otras palabras, tanto a las instancias estatales como municipales se les permite asignar directamente y sin un proceso abierto y transparente todas las compras que estén relacionadas con temas de seguridad y de igual manera admiten el ocultamiento de esta información por años.
Las autoridades justifican estas asignaciones con el argumento de que, si se revelan los montos o condiciones de los contratos de seguridad, puede ser riesgoso para la ciudadanía, ya que esta información puede llegar a la delincuencia organizada, misma que podría aprovecharla para eludir las acciones de seguridad emprendidas por las autoridades.
Lo anterior puede tener un sustento lógico, sin embargo, pensar que por el solo hecho de que las compras de seguridad no se llevan a cabo mediante un proceso abierto y transparente, va a evitar que la delincuencia organizada no se entere de las características de esas compras, hoy en día parece ingenuo, pues la fuga de información, la infiltración de autoridades y dependencias, la falta de honestidad de algunos servidores públicos y proveedores, son otras puertas que son difíciles de controlar.
El apetito que tienen las autoridades por adjudicar de forma directa y reservar información se ha convertido también en un telón ideal para encubrir actos irregulares o que pudieran contener actos de corrupción, lo que hace un abuso de esta práctica, basta ver lo que hizo el Gobierno Federal con las grandes obras que costaron miles de millones de pesos.
El Ayuntamiento de León, desde que lo encabeza la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, ha tomado la decisión de transparentar todas las compras, inclusive las de seguridad. Solo basta analizar el proceso que se llevó a cabo en abril de 2023, cuando el Municipio adquirió 7 arcos carreteros por 43 millones de pesos a la empresa Seguritech, misma a la que el Gobierno del Estado le había comprado arcos similares. En León se llevó a cabo una convocatoria pública nacional, con venta de bases e información abierta y transparente a todas las empresas que quisieran participar, y al final la adjudicación se llevó a cabo en una sesión pública con acceso para cualquier persona. Pensar que eso ha entorpecido las acciones de seguridad municipales o que ha influido en sus resultados, sería una conclusión muy irresponsable, pues no se tiene ningún indicio de que, al haber sido un proceso abierto, la delincuencia se haya aprovechado de ello.
Si en nuestra ciudad se pueden transparentar las compras de seguridad de bienes similares a los que adquirió el gobierno estatal hechas al mismo proveedor, ¿por qué no se puede hacer lo mismo en el estado? ¿Cuál es la diferencia? O ¿cuáles son los intereses? Es una buena señal que, de revire, la gobernadora Libia García haya ordenado desclasificar uno de los contratos de Seguritech, esperemos que esto no sea flor de un día.
RAA