Entregar una carretera funcionando, un buen negocio en marcha de Guanajuato a particulares, para que realicen una obra privada concesionada, no fue la mejor idea. Sin duda provocó una lesión innecesaria al patrimonio del Estado. También fue una decisión política que puede tener consecuencias por lo cuestionable.
Resulta sorprendente que muchos de los funcionarios con quienes hemos comentado desde hace semanas la negociación de Diego Sinhue Rodríguez, ex gobernador de Guanajuato, estén totalmente en desacuerdo con el esquema. Pero solo lo dicen en corto; cuando los periodistas preguntan en forma oficial, cambian de cara y dicen que todo estuvo bien. Esa es una verdad dolorosa.
A diferencia de lo que hizo Diego, un mandatario interesado en los negocios del estado, hubiera cambiado el orden de las cosas para beneficio del proyecto.
Primero: obtener el mejor trazado para la carretera desde Silao y Guanajuato hasta San Miguel de Allende, de punta a punta, hasta llegar con 4 carriles a la mancha urbana de la ciudad turística.
Segundo: conocido el trazo óptimo, comprar las tierras para tener todo listo. Sabemos que en años anteriores todo se detuvo por un amparo de comunidades otomíes y sus vestigios, establecidas en la ruta. En Egipto movieron uno de sus monumentos históricos para construir la enorme presa de Asuán. El templo Abú Simbel lo elevaron 65 metros en el cauce del Río Nilo para preservarlo. Aquí nos ahogamos en un vaso de agua.
Tercero: encontrar qué tanto puede aportar a la inversión al hacerla de cuota, todo con un estudio a largo plazo hecho por expertos que no tengan ninguna relación con ninguna constructora.
Cuarto: buscar un financiamiento dando en garantía el ingreso de la carretera de cuota Silao-Guanajuato. Cuando menos se podrían conseguir unos 3 mil millones con el aval del gobierno cuyos saldos en bancos son 10 veces esa cantidad (30 mil millones). Lo ideal para el ISSEG sería invertir sus fondos en un negocio seguro y a muy largo plazo. Las tasas reales de interés van a bajar. Hubiera sido un buen trato entre el Estado y sus trabajadores.
Quinto. Concursar el proyecto como si el gobierno fuera a quedarse con el negocio de cuota. Seguro que con los 3 mil millones, y algo más, podrían construirse los 50 o 60 kilómetros de carretera A2. El desembolso del gobierno sería mínimo y el beneficio sería máximo.
No era necesario despojar a Guanajuato de un bien tan importante como esa carretera que ha dado frutos durante más de 35 años. Al tiempo Guanajuato contaría con dos carreteras de cuota para pagar el préstamo con el que se puede construir la nueva carretera. Hoy todo está en manos de particulares, enajenado bajo la sospecha clara de que Diego no actuó en el beneficio de su estado sino del interés propio.
Cuando todos los diputados y funcionarios del partido “oficial” callan en público lo que reconocen en privado, se convierten en cómplices. Da tristeza ver a un PAN sin rumbo, sin moral, cuyo único mérito se parece cada día más al de Morena: el asistencialismo indiscriminado para ganar elecciones.
Para la gobernadora Libia García será una pesada carga la herencia de Diego, quien perdió la brújula al final de su mandato, uno donde tuvimos la peor violencia de nuestra historia. Mientras Guanajuato ardía en masacres y homicidios, nuestro gobernante parecía más preocupado en avanzar su carrera de “empresario”.