Parece ser mucha insistencia que, por segunda vez consecutiva, escriba sobre la necesidad de reformar el Código Civil de Guanajuato para reconocer el matrimonio igualitario; sin embargo, las razones que diversos liderazgos del Partido Acción Nacional de Guanajuato han dado en las últimas semanas son motivo de sobra para hacerlo.
Empezando por Jorge Espadas, coordinador panista en el Congreso del Estado, quien motivó un retraso en la dictaminación de las iniciativas sobre el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo género y la prohibición de las prácticas que dicen corregir la orientación sexual y la identidad de género, que, por cierto, la ONU ya ha descrito como una forma de tortura. Espadas insistió en que, para avanzar con las iniciativas, hay que consultar a las personas con discapacidad porque la reforma les involucra. Un insólito y peligroso argumento que pretende validar el poner a consulta los derechos de las personas de la diversidad sexual.
Digo insólito porque la justificación se ancla en que hay una disposición del Código Civil que hoy dice: “el marido es tutor legítimo y forzoso de su mujer, y ésta lo es de su marido”, y en que uno de los supuestos de tutela se da en el caso de personas sordas que no saben leer ni escribir. Por su parte, la reforma propuesta pretende únicamente modificar las menciones marido y mujer por una mención neutral al género, sin crear ni extinguir derechos. Y digo peligrosa porque siempre es una mala idea ignorar que las causas de opresión están relacionadas unas con otras y porque, de ninguna manera, es válido que un grupo de población valide la legitimidad de los derechos de otro.
Por su parte, el exgobernador y también legislador local, Juan Carlos Romero Hicks, recientemente “regañó” a un grupo de periodistas tras consultar su postura, dadas las visibles diferencias entre la gobernadora, Libia Dennise García, y la mayor parte de las personas legisladoras locales panistas en torno al reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.
Romero Hicks, visiblemente molesto, declaró que debían consultar los documentos básicos del PAN antes de emplear “circunloquios” para entrevistarlo, refiriendo que basta leer dichos documentos para saber la postura de su partido. Lo que parece ignorar el exgobernador es que su Programa de Acción Política rechaza la discriminación por orientación sexual en su punto 20 y postula que “toda familia debe ser protegida” en su punto 17. Ello, y que la discriminación no encuentra justificación en ninguna doctrina partidista.
En ambos casos, sus resistencias evidencian un retroceso en la postura de la bancada panista que, en la anterior legislatura, aprobó por unanimidad dos asignaciones presupuestales para las personas LGBTI y la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género. Sin embargo, frenar la dictaminación de las mencionadas iniciativas representa incluso un retroceso en el actuar de su integración actual, dado que, recién en diciembre, autorizaron subir al pleno la reforma sobre reconocimiento de la identidad de las personas trans, aunque al final hayan decidido abstenerse, con la honrosa excepción de Aldo Márquez.
Eso sí, el común denominador de tres de los cuatro avances legislativos enlistados es que avanzaron por mandato judicial, tras haber sido vencidos en juicio; por lo que, mientras sea la única forma de hacerles entender, tenga por seguro, estimada persona lectora, que el Congreso del Estado no dejará de ser demandado.
RAA