Podríamos escribir un libro completo sobre decenas de actos de “mala administración” en los últimos 18 años de gobiernos panistas. Hubo un punto de inflexión cuando llegó Juan Manuel Oliva y tuvo el control total del gobierno y el partido. Con la libertad de que sus proyectos jamás serían cuestionados por los blanquiazules, construyó la Expo Bicentenario, una obra inflada de 2 mil millones de pesos que sirvió para muy poco.
Oliva mantuvo el cuento del Tren Interurbano, una historia que venía desde Carlos Medina Plascencia. Tomó del erario el equivalente a 100 millones de dólares (mil millones de pesos de aquel entonces) para comprar los terrenos de la vía. La compra se hizo, de nueva cuenta, a través de particulares, con precios discrecionales dependiendo del tramo y el vendedor. Otro delito: dar dinero a empresarios para que hicieran el trabajo del gobierno como en Pastas Finas. Los terrenos siguen ahí, inútiles e incompletos en su compra, porque nunca llegaron al 90 % de su liberación.
Aunque no era necesario, dos veces cambiamos de placas de autos. Ante la crítica por el dispendio que significaba gastar 600 millones de pesos en producirlas, tanto Oliva como Diego Sinhue Rodríguez inventaron que era necesario. En países desarrollados, las placas nacen y mueren con el vehículo. No hay altas y bajas. En Estados Unidos se incorporan unas pegatinas de valor insignificante para validar dos o más años de circulación. Fue una jugosa operación.
Al final del gobierno de Diego Sinhue, se dieron contratos que hoy pesan mucho sobre la administración de la gobernadora Libia García. El más extraño e importante fue el acuerdo de entregar la concesión de la carretera de cuota de Silao-Guanajuato. Una vialidad construida por Rafael Corrales Ayala, constituía una fuente de ingresos extra para el Estado con más de 250 millones de flujo anual. Diego la entregó a privados “a cuenta” de la construcción de la carretera de Guanajuato a San Miguel de Allende, bajo pretexto de que la nueva carretera no daría el aforo para pagarse por sí misma. Lo hizo en septiembre del año pasado, justo al finalizar su mandato, en el llamado “Año de Hidalgo”.
Fue una decisión sin sentido económico para Guanajuato. El PAN ni pío dijo. Ni siquiera se enteraron a tiempo Luis Ernesto Ayala y los diputados de la LXV Legislatura. Cuando menos acordaron, el trato lo había firmado Diego Sinhue, levantando sospechas sobre la pulcritud de la desincorporación de un gran bien público en favor de una empresa privada.
El gobierno pudo haber vendido la carretera al ISSEG si necesitaba dinero (cosa que no era así porque el Estado tenía más de 30 mil millones en bancos). Al ISSEG le hubiera venido bien la inversión si se pactaba una tasa razonable de valor presente a 20 o 30 años. El gobierno pudo bursatilizar por medio de bonos y el respaldo de los ingresos de la propia caseta para arrancar el proyecto Guanajuato-San Miguel. O el más fácil de los tratos: pedir prestado a cualquier banco a una tasa preferencial el dinero necesario que pudiera respaldar la carretera.
El haberse desprendido de un bien que puede valer más de 3 mil millones de pesos a valor presente; hacerlo de manera precipitada, sin existir la liberación total del derecho de vía, los proyectos totales de la obra y bajo supuestos de un aforo débil, no tiene pies ni cabeza. Solo tiene un mal olor que pesará sobre el gobierno actual y el PAN si no corrige su rumbo.