El próximo domingo se llevará a cabo el proceso electoral para elegir a los jueces y magistrados que integrarán el Poder Judicial de nuestro País, un evento trascendental por donde se le vea, pues las consecuencias y sus resultados definitivamente influirán en la democracia, la justicia y la libertad en la que habremos de vivir en México por muchos años.
Claramente, hay dos formas de ver este proceso: la del lado oficialista, que señala a esta elección como un parteaguas democrático en donde ya todo lo vamos a definir mediante el voto popular, eliminando con eso la corrupción y el nepotismo en juzgadores; y la de los expertos, de los miembros del Poder Judicial, de los organismos internacionales y de millones de ciudadanos, que señalan que los jueces pueden verse cooptados por intereses políticos, delincuenciales y electorales, comprometiendo su independencia y compromiso con la aplicación de la ley.
El proceso pone ante nosotros una larga lista de candidatos a ministros de la Corte, jueces y magistrados que habrán de ser votados en las urnas. Muchos de ellos con evidentes conflictos de interés por su relación y cercanía con el gobierno, con Morena, la 4T, grupos de poder o incluso con la delincuencia. También figuran nombres y personas con amplia carrera judicial, y ciudadanos que se han registrado en la contienda con la esperanza de ser votados y convertirse en juzgadores.
De estos últimos, en las recientes semanas hemos conocido a pocos candidatos a través de los medios de comunicación, o incluso coincidido con algunos de ellos a lo largo de nuestra vida profesional, social, académica o política; rescatándose algunos perfiles que hubieran merecido una oportunidad a través del voto.
Pero, lamentablemente, con cada día que se acerca la elección, nos hemos podido convencer de que el proceso estará lleno de situaciones irregulares que pueden manipular el resultado, desde la designación misma de los candidatos —pues algunos fueron definidos por tómbolas— hasta la organización y funcionamiento de la jornada electoral, muy diferente de otras elecciones a las que estamos acostumbrados.
Es inexplicable y, por lo mismo, inaceptable que en esta elección los votos no vayan a ser contados por los ciudadanos en las casillas y que las boletas sobrantes no vayan a ser inutilizadas, pues estos dos “candados” fueron incorporados en nuestros procesos electorales precisamente para evitar los grandes fraudes que tuvimos en elecciones de hace muchos años, cuando había, igual que hoy, un partido hegemónico.
Hemos visto cómo el oficialismo, ante la estulticia que significa tener frente a sí una boleta llena de candidatos con nombres desconocidos, se está preparando con “acordeones” para distribuirlos entre sus militantes y simpatizantes, para que “en cargada” y usando su voto duro, los sufragios se inclinen por los candidatos que más les convienen, y con ello legitimar lo que tanto dicen negar: apoderarse del Poder Judicial y destruir la separación de poderes sobre los cuales se sustenta una democracia.
La sociedad está en un dilema sobre participar o no en este proceso electoral, sobre todo si en el pasado millones de ciudadanas y ciudadanos hemos fomentado el salir a votar para elegir a nuestros gobernantes; la sensación de que no asistir a votar les dejará el camino libre para que se consume la farsa pesa mucho sobre los ciudadanos; pero formar parte de un proceso que ya exhibe muchas señales de fraude solo nos puede llevar a la conclusión de que, al final, seremos solo una cifra que forme parte de la estadística triunfalista del gobierno y de Morena, juego al que los ciudadanos que amamos a México nunca podemos prestarnos.
LALC