Manda a la banca a 12 funcionarios
Abajo: Blanca Estela Quiroz, Odvar Sandino, Alonso Gómez, Araceli Morales, Elizabeth Arroyo, Lorenzo Acedo.
Como si fuera un entrenador de futbol, el presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, en poco más de siete meses de administración, ya lleva 12 bajas de secretarios y directores.
Fiel a su estilo, el Alcalde celayense se comparó con el ex técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Miguel Mejía Barón, quien fue criticado por no hacer cambios en el Mundial de Estados Unidos 1994. El morenista advierte que si hay necesidad de más despidos, los seguirá haciendo.
Las declaraciones del profe Juan Miguel, esta semana, fueron mientras estaban por conocerse otras cuatro renuncias que descubrieron los problemas internos al interior del equipo del alcalde de Morena.
Siguiendo con los términos futbolísticos de Juan Miguel, su inicio de temporada ha sido complicado, con un estilo de juego siempre a la defensiva y constantes reproches al plantel que heredó de sus antecesores. Sus declaraciones fuera de lugar son un día sí y otro también.
Los problemas en el equipo de Ramírez Sánchez comenzaron desde el arranque del partido con el despido de la exoficial mayor, Araceli Morales Mancera, quien acusó ser víctima de hostigamiento laboral pero el alcalde justificó su salida diciendo que tenían visiones diferentes de gobierno.
La segunda baja fue solo un cambio de posición en su equipo, ya que la presión externa del sector empresarial provocó la salida de Ricardo Contreras Soto de la dirección de Desarrollo Económico.
Juan Miguel Ramírez ha querido crear nuevas posiciones en su plantel, pero ha fracasado en sus intentos. El ejemplo más claro fue el de Blanca Estela Quiroz, quien fungió solo por dos meses como Subsecretaria de Seguridad Ciudadana pero la idea no le funcionó y terminó por darle las gracias.
La inseguridad también ha afectado al equipo morenista, ya que el ex director del Instituto de Formación Policial (Infopol), Jorge Acuña Dávalos, quien sufrió un ataque armado, prefirió renunciar a su cargo.
Su lugar fue ocupado de forma temporal por Daniel Montoya Arreguín quien esta semana se enteró que le estaban buscando un reemplazo con mayor experiencia y prefirió salir antes.
Otro de los cambios en el gabinete de seguridad fue la salida de Alonso Gómez Alvarado de la dirección de Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) quien aparentemente tenía una oferta de otro equipo.
Las quejas al interior del plantel continuaron y Víctor Hugo Sinecio Chávez fue acusado de hostigamiento laboral por lo que fue despedido de la dirección de Educación.
Uno de los jugadores más experimentados en Protección Civil era el coordinador de Bomberos, Lorenzo Ahedo Rodríguez, quien fue súbitamente despedido tras más de 10 años en la corporación.
Los problemas en Protección Civil continuaron y esta semana una discusión en plena presidencia municipal entre el exdirector, Jorge Santoyo Niño, la suboficial mayor, Gisela Tinajero Silva y su pareja sentimental provocaron la salida de los tres funcionarios en una historia que el propio alcalde calificó como una telenovela.
Por si algo le falta al equipo de Juan Miguel Ramírez, un nuevo escándalo se destapó con la salida del asistente de la Secretaría del Ayuntamiento, Odvar Sandino, quien aparentemente enfrenta un proceso judicial.
Vázquez Alatriste y 100 días de Fiscal
El 13 de mayo se cumplieron 100 días de que Gerardo Vázquez Alatriste rindió protesta como Fiscal General del Estado.
Él mismo lo celebró con una publicación en las redes sociales de la Fiscalía aludiendo a la fecha. “Hoy se cumplen 100 días de trabajo al frente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, del Dr. Gerardo Vázquez Alatriste, comprometido con la legalidad, la transparencia y la procuración de justicia para la sociedad guanajuatense.
Desde el primer día, su visión ha sido clara: cimentar y consolidar un modelo de procuración de justicia con sentido humanista, donde la dignidad de las personas sea el eje central y las víctimas y denunciantes reciban atención prioritaria, cercana y sensible”.
En la misma publicación aparecen varias fotografías del Fiscal con funcionarios locales y de Japón y un texto más sobre el propósito de la institución, “… posicionar a la Fiscalía como referente nacional en judicialización y sentencias condenatorias, tanto en procedimientos abreviados, como en juicios orales“.
El optimismo del mensaje inicial habrá que soportarlo ahora con resultados.
Lo que sí hay que reconocer y aplaudir es la liberación de la joven Luna, de 14 años, y otra persona, quienes habían sido secuestrados una semana antes en Irapuato y la detención de una banda de secuestradores, el 14 de mayo, un día después de sus 100 días.
El lado opuesto
El nuevo Fiscal de Guanajuato es el lado opuesto de su antecesor, Carlos Zamarripa, en su desempeño público; mientras el anterior Fiscal vivió los últimos años acuartelado en su búnker de San José de Cervera, al actual funcionario se le ve en diferentes sitios.
Gerardo Vázquez Alatriste parece decidido a darse a conocer entre los actores sociales y políticos de todo el estado. Escucha directamente demandas, quejas y propuestas.
También abrió las puertas del búnker de San José de Cervera que sólo recibía cientos de invitados el último jueves del año para el informe anual del Fiscal, obligatorio por ley.
Ahora, Vázquez Alatriste tiene frecuentes encuentros con diversos grupos sociales en las propias instalaciones de la Fiscalía.
Por ejemplo este mes se reunió con las presidentas de Amexme de varios municipios, por segunda ocasión, porque en abril ya había tenido un primer encuentro con ellas; acudió a la sesión plenaria del grupo de trabajo para atender la Alerta de Violencia de Género en el Estado y estuvo con Canirac Irapuato.
En abril, recibió en su sede al diputado con discapacidad Jesús Hernández, para conocer las instalaciones y también firmó un convenio con Karla Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos, con el objetivo de certificar competencias del personal de la Fiscalía en la atención e investigación de casos relacionados con violencia de género y personas desaparecidas.
Ha acompañado a la gobernadora Libia García a numerosos eventos. El 15 de abril, junto con Mauro González, asistió a Palacio de Gobierno a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y por supuesto, las diferentes reuniones con los funcionarios estatales y federales de seguridad, que han sido cotidianas.
El 19 de marzo se reunió en la Ciudad de México, con Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y acudió a una reunión con los presidentes municipales del norte y noreste del estado para firmar convenios y facilitar la recepción de denuncias.
Al margen de los encuentros, el Fiscal, reporta en abril, los siguientes resultados: más de 400 detenidos, 742 vinculaciones a proceso, 161 sentencias, 94 cateos: drogas, armas y vehículos asegurados, más de 34.1 millones recuperados para víctimas, células criminales desarticuladas. Además de 13,272 carpetas de investigación iniciadas y 104 carpetas judicializadas.
Ahora solo estamos pendientes de conocer su plan de trabajo y que los diputados de la Comisión de Justicia que preside la morenista María Eugenia García hagan su chamba de evaluar permanentemente lo que importa: combatir la impunidad.
Transparencia, ni un paso atrás
Tras la sepultura del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) que oficialmente desapareció el 9 de mayo tras asumir sus funciones la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la Presidencia de la República, el que tiene los días contados es el IACIP (Instituto de Acceso a la Información Pública) del estado de Guanajuato.
El pasado 20 de marzo se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual da vida a un modelo en donde ya no se contempla la autonomía institucional en los nuevos órganos de transparencia de los poderes ejecutivos.
Los congresos locales tienen hasta el 19 de junio próximo para armonizar tanto la legislación en materia de Transparencia como la Constitución. Aunque la ley general deja claro que, mientras esto no suceda, todo sigue sin modificaciones.
Así que el IACIP y sus tres comisionados (Mariela Huerta Guerrero, presidenta; Alejandro Rocha Pedraza y Juan Sámano Gómez) siguen en la chamba hasta que se decrete el fin del Instituto y la nueva legislación deje claro qué va a seguir.
En el Congreso local no parece preocuparles seguir los pasos del INAI. Hoy no es todavía un tema de análisis, es más, ni siquiera hay iniciativas legislativas para comenzar a discutir algo tan importante: ¿Cómo van a garantizar el derecho a la información pública para todos los guanajuatenses?
La organización México Evalúa publicó el pasado 1 de abril un análisis en el que menciona que, si bien la nueva ley general plantea los principios, bases mínimas y modelos que deberán guiar a las entidades federativas en la configuración de sus nuevas leyes de transparencia, los congresos estatales pueden diseñar un marco normativo más progresivo y apegado a parámetros internacionales.
Y menciona seis recomendaciones para que nuestros legisladores tomen nota. Si bien la referencia es adaptar el modelo federal de un órgano desconcentrado, que en este caso dependería de la Secretaría de la Honestidad que comanda Arcelia González; la ex legisladora priista y ex magistrada nombrada por Libia García. La sugerencia es crear un órgano colegiado como medida para preservar un mínimo de equilibrio institucional (un mínimo de tres personas, y no recaiga todo en una).
Los otros puntos en los que México Evalúa recomienda a los estados prestar especial atención en su legislación son: perfiles de los titulares de los órganos de transparencia locales, documentación y archivos, máxima publicidad y reserva de información, consejos consultivos y rendición de cuentas social, apertura gubernamental.
Los congresos locales tienen la responsabilidad y la oportunidad de construir marcos normativos que no solo cumplan con los mínimos exigidos por la nueva ley general, sino que eleven los estándares de transparencia y acceso a la información, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en sus estados”, concluye.
Si bien en 20 años quedó mucho por hacer en materia de transparencia, no se puede dar ningún paso atrás. Ya veremos la voluntad del Ejecutivo con Libia García y de la Junta de Gobierno en el Congreso que preside el panista Jorge Espadas.