Hace algunos días se aprobó en el Ayuntamiento de nuestra ciudad una solicitud de cambio de uso de suelo para el desarrollo de un fraccionamiento en la zona norte de nuestra ciudad, lo que ha provocado diversas opiniones y reacciones, principalmente en los vecinos de esta parte de León, quienes han solicitado un amparo para detener el proyecto.
Desde hace por lo menos cuatro años, el municipio ha establecido tasas más altas en el impuesto predial para los grandes terrenos baldíos que se ubican en la mancha urbana de la ciudad, esto para incentivar el desarrollo de estos predios, ya que a la ciudad le resulta mucho más costoso llevar los servicios públicos a los nuevos desarrollos habitacionales que se van ubicando lejos de la zona urbana.
De esta forma, si una persona tiene un terreno de 1,000 mt2 dentro de la zona urbana, paga una tasa de impuesto del 0.439%, pero si ese predio es mayor a los 11,000mt2, la tasa que paga es del 1.25%. Por ello hoy no podemos desacreditar, a priori, una iniciativa que busca desarrollar un predio que cuenta con toda la infraestructura pública y de servicios a su alrededor, como seguridad, limpieza, salud, comercio, etc. Pero la autoridad debe informar y escuchar a los vecinos.
Ciertamente la zona norte de León es una parte de la ciudad que en muchos puntos se encuentra colapsada en términos de vialidades y movilidad, y habría primero que analizar las razones por las que hoy en día se ha llegado a eso. Hay una variedad de vialidades importantes que fueron aprobadas desde hace muchos años, incluso desde antes que existiera el IMPLAN, que hoy en día lejos de facilitar el flujo de vehículos, más bien lo estrangulan.
Así, hay vialidades o bulevares de cuatro carriles que simplemente desembocan con calles cerradas o con construcciones, entre ellos la Avenida Cerro Gordo que topa con una tienda de autoservicio, la avenida Paseo del Moral y el Bulevar López Sanabria que topan con fraccionamientos de acceso controlado, o los bulevares Casa de Piedra y Bosques del Campestre, que topan con restaurantes y estacionamientos, lo que impide que dichas vialidades hagan su función de desfogar el tráfico de la zona, y provoca la saturación de otros bulevares como el Manuel Clouthier y Alonso de Torres, haciendo la movilidad de automóviles muy complicada en la zona, principalmente en horas pico.
Otro hecho que en los últimos años también ha influido para complicar la circulación en dicha zona ha sido ocasionada por las organizaciones de vecinos que, ante la creciente inseguridad, han decidido delimitar sus fraccionamientos cerrando calles que antes estaban abiertas, para que solo los vecinos puedan circular internamente, algo que, por supuesto, no se puede criticar, pero que sí ha venido a complicar la movilidad.
Desde hace muchos años estas dos circunstancias han sido aprobadas, autorizadas o toleradas por autoridades municipales anteriores, cuando el diseño y crecimiento de la ciudad no estaba tan regulado. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa mala planeación.
Lo que sí deben de hacer las autoridades es asegurarse que los nuevos desarrollos incluyan y cumplan con medidas de amortiguamiento y solución a las condiciones de densidad, de movilidad y disponibilidad de agua de la zona. Los titulares de la planeación y desarrollo de la ciudad son responsables y deben comprometerse a que así sea, no puede repetirse otro caso como El Molino, por lo que es su obligación diseñar y establecer los mecanismos legales o financieros adecuados para garantizar que esto se cumpla, o enfrentar las consecuencias de su negligencia.
RAA