Guanajuato es un estado con un sistema de ciudades, que es único en México. Solo Veracruz cuenta con un conjunto de urbes similar al de nuestra entidad.
Este fenómeno acarrea ventajas y plantea retos, uno de ellos es la planeación citadina y su regulación entre el suelo urbanizable y las áreas de conservación ecológica. En medio de ello aparece el mercado de la tierra, la especulación y el porcentaje de ganancia que puede haber en su comercialización. Allí identificamos a buenos empresarios inmobiliarios mezclados con ambiciosos y voraces comerciantes de tierras y hasta con los negocios mafiosos de la delincuencia organizada, ellos son los actores relevantes de esta experiencia económica.
El problema es complejo, porque los ayuntamientos de importantes ciudades deben emitir programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico y territorial (PMDUOET), que procuren el bien común, esto es que construyan una regulación que logre beneficios generales para toda la población de un área urbana y no solo para unos cuántos vivales.
La mala noticia es que el órgano de gobierno municipal es el ayuntamiento, y este es fácilmente capturado por los intereses inmobiliarios que operan en cada ciudad. Una sociedad que permite la compra de voto en las elecciones, se expone a pudrir todo el sistema de gobierno de su comunidad, como está pasando en Guanajuato Capital. Lo que suponíamos que era una nimiedad, resulta ser la afectación del latido vital de un municipio de potente desarrollo. Los bienes comunitarios valiosos, como el diseño de una buena regulación, se permutan por programas contrahechos y desfigurados que están perfilados para beneficiar a empresarios amigos y apoyadores en tiempos electorales.
Pero eso ya no es lo peor, también está presente en la distorsión de la regulación y trámites, para favorecer los intereses de empresas y empresarios vinculados a la delincuencia organizada. La industria de la construcción es una de sus actividades favoritas para el lavado, encubierto a través de la corrupción por miembros de los ayuntamientos que les venden sus votos y funcionarios de las áreas de desarrollo urbano que indebidamente les expiden permisos tramposos. Ahí se encuentra una de las más efectivas lavadoras de activos de los delincuentes.
Los principales trámites son los de alineamiento y número oficial, factibilidad de uso, uso de suelo y permisos de construcción, que son resueltos bajo la discreción de los funcionarios del área y las instrucciones de los políticos a cargo (Regidores, síndicos, alcalde y funcionarios de primera línea). Esa es la causa por la que toda esa densa tramitología no ha sido modernizada ni automatizada; los trámites siguen siendo presenciales y opacos, definidos de acuerdo a interpretaciones torcidas de la carta de compatibilidad de uso de suelo de cada municipio.
Frente a estas delicadas circunstancias que tensan la convivencia municipal, la emisión de nuevos programas generales (PMDUOET´s), que regulan dónde se puede construir y dónde no en una ciudad, se convierten en el motivo para impulsar, más allá de lo razonable, la autorización para urbanizar espacios de conservación, restauración ecológica y zonas de recarga hídrica, que fueron comprados a precio de ganga por empresarios “audaces”.
Para que estos programas sean dotados de razonabilidad técnica, la legislación guanajuatense les impone una revisión exhaustiva por parte del Instituto de Planeación y Estadística del Estado (IPLANEG). Recientemente en la glosa del Informe de Gobierno, la directora del Instituto respondió a los diputados que la numeralia de los programas sujetos a su auditoría es la siguiente: De los 46 municipios solo 6 cuentan con dictamen de congruencia de su programa, 3 se acercaron al IPLANEG solicitando su ayuda, 6 se encuentran solventando observaciones hechas a sus proyectos y 31 están pendientes.
Los datos son preocupantes en la perspectiva del cumplimiento de los ayuntamientos y las dificultades que presentan para respaldar técnicamente sus propuestas. Por lo pronto en Guanajuato Capital, 8 miembros del Consejo Consultivo (Ciudadano) del IMPLAN abandonaron la nave y rompieron en quorum necesario para sesionar desde hace varios meses. Y para agravar la crisis, el presidente de la Junta Directiva acaba de renunciar esta semana. Inoportuna fuga, en los tiempos críticos de la revisión del PMDUOET de la capital del estado.
¡Atención! Los intereses, algunos siniestros, impiden implantar el orden urbano en nuestras ciudades. Los gobiernos locales no resisten las presiones para desvirtuar proyectos sólidos y bien diseñados, por proyectos que incluyan aberraciones urbanísticas caprichosas. Al final nuestra deteriorada clase política, solo piensa en ganar elecciones, entregando incluso, su alma al diablo.