Durante el sexenio pasado los caminos de Guanajuato se convirtieron en lugar de asaltos, despojos de automóviles, trailers y mercancías. También de asesinatos impunes. Era extraño que, dadas las circunstancias, no hubiera presencia permanente de las autoridades; que no existieran retenes, cientos de cámaras (que hoy valen poco) ni se hiciera uso de inteligencia policial y artificial para detenerlos.
Como la responsabilidad compartida de las dependencias no funciona, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, culpaba a la Guardia Nacional, el estado a la federación y la federación al estado. La bolita iba y venía desde tiempos de Miguel Márquez Márquez y Enrique Peña Nieto. Cuando llegaron Diego Sinhue Rodríguez y Andrés Manuel López Obrador, las cosas empeoraron.
Siempre nos preguntaban cuál era el impedimento para que el Estado pudiera detener la ola de criminalidad y violencia. Los medios y los periodistas independientes también lo preguntaban a las autoridades. Nunca tuvimos una respuesta racional o satisfactoria. Nunca la hubo.
En varias ocasiones le preguntamos a Diego Sinhue Rodríguez por qué no hacía cambios en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública. Eran muchos los años en que el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, habían luchado en mancuerna por la pacificación de la entidad sin lograrlo. La respuesta de Diego siempre fue: “tengo confianza en ellos” a pesar de que su “golpe de timón” sirvió para nada, a pesar de que el famoso “Escudo” de Márquez había costado 200 millones de dólares sin fruto real.
En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro nunca pudo disminuir el poder del crimen organizado. La muestra está en el infame “centro de adiestramiento” ubicado en Teuchitlán Jalisco. Los hallazgos de las madres buscadoras confirman que el gobernador y su fiscal tuvieron noticia de lo que sucedía ahí pero durante años se hicieron locos. Sólo dos cosas podían frenar al gobierno de Jalisco: pavor e incompetencia.
El miedo no era para menos. Al ex gobernador de ese estado lo matan en Puerto Vallarta como una muestra de poder de las grandes organizaciones. Limpiaron un restaurante para impedir que los guardianes de Aristóteles Sandoval lo protegieran. Jalisco tenía la misma característica de llevar una “pax narca” como en Sinaloa, donde el gobierno acuerda llevar la fiesta en paz con el cártel dominante a cambio de que no se desborde la criminalidad. Eran “cogobiernos”.
Con la presión social de las buscadoras y la determinación de los Estados Unidos de acabar con el “terrorismo” que vivimos, el gobierno federal trabaja y logra lo que López Obrador no quiso hacer en seis años. Casi todos los días hay reportes de detenciones de capos, de descubrimiento de grandes laboratorios. Lo que falta, según dicen comentaristas especializados, es la oferta de cabezas de la política mexicana a Trump, para calmar su ira. Eso tendrá que suceder más pronto que tarde. Es normal escuchar opiniones de odio hacia Trump, pero también de gratitud. ¿Cambiaría México sin la presión política y económica del vecino? ¿Hasta qué punto estaría de acuerdo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de entregar a dos o tres de los cómplices de la mafia y leales a López Obrador, a cambio de que a él y a su familia no los toquen?
Seguimos haciendo preguntas porque las respuestas las entierran, las guardan como secreto de “seguridad nacional” o simplemente las ignoran porque vienen desde la crítica periodística o la oposición. También es pregunta.