La corrupción, no solo es un tema de deshonestidad en el uso de los recursos públicos, y en su eficaz y razonable uso, la corrupción son todos los actos contrarios al bien común que realizan los servidores públicos.
Esta administración y gobierno municipal no solo es la continuación de los anteriores, con una diferencia adicional, pierde credibilidad a pasos agigantados. Precisamente porque utiliza el discurso mediático para legitimar la irresponsabilidad, la falta de probidad, la imprudencia, la incapacidad, la falta de justeza, y el incumplimiento de las responsabilidades asumidas.
Las justificaciones de los resultados en los temas fundamentales de la ciudad, como la seguridad, los servicios, y la administración municipal son inadmisibles. El ciudadano presidente municipal, no sabe qué hacer, la realidad lo confronta todos los días y piensa que los celayenses le aplauden la pobreza de su discurso y de sus hechos, no advierte la animadversión que suscitan sus declaraciones cantinflescas, o aquellas que revictimizan o criminalizan a los trabajadores municipales.
El desconocimiento de la administración municipal, es una de las causas de tantos errores. La “chamaqueada” de 675 mil pesos al ciudadano presidente municipal por la elaboración del Programa de Gobierno Municipal que recibió incompleto, explica el deficiente nivel de responsabilidad y compromiso con la administración y gestión de la ciudad. Las letras chiquitas del contrato que dice no leyó, no son la causa fundamental del perjuicio a la ciudad, sino la permisividad y ligereza con la que se asumen las responsabilidades.
El jueves 20 de febrero, con los votos de los regidores de Morena y MC, se aprobó el Programa de Gobierno Municipal PGM, un documento improvisado, que desconocen prácticamente los servidores públicos, y que en la lógica de la administración, debería ser la guía para todas las acciones que deba emprender la presidencia municipal en los próximos tres años. A pesar de ello, todavía el día de la bandera nacional, el ciudadano presidente municipal, dijo que ahorrará dinero porque no lo presentaría ni lo publicaría, pasando por encima del mandato legal que lo obliga a hacerlo. Bajo ese barbarismo legal, y el desconocimiento del PGM, solo habrá dispersión de esfuerzos, ocurrencias, y faltas administrativas, que en el mejor de los casos, serán producto de buenas intenciones.
En cerca de 5 meses de la actual administración, no hay acciones relevantes que denoten el cambio: los servicios municipales son una repetición de lo que se venía haciendo mal. Las mil y una razones para justificar la inoperancia, son patéticas, y esa narrativa de ocultar los errores propios con los errores ajenos ya tiene cansada a la población. Los reemplazos laborales en las áreas operativas y técnicas de la administración son un sinsentido, suplen áreas técnicas con políticos que ya han incursionado en otras administraciones, sin pena ni gloria. Pareciera que su afán es destruir el aparato administrativo del municipio de Celaya.
Las pocas acciones que supondrían una atención al problema que mas afecta a la ciudad, la seguridad, adolecen de transparencia y generan mas dudas que respuestas. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), recibió 179 de millones de pesos en equipos tecnológicos en la administración pasada, con ese dinero se adquirieron 1100 cámaras de videovigilancia que fueron distribuidas en el municipio a fines del año 2023 y comienzos del 2024. Además, se implementó un software llamado “Celaya pacífica”, con un costo de 5.8 millones de pesos.
Debo decirle que las cámaras instaladas, de acuerdo a su ficha técnica, tienen un equipo especial de video analítica e inteligencia artificial, para la búsqueda de vehículos o personas, también son lectoras de placas, tienen sensores térmicos con visión nocturna.
En el curso de la administración anterior, con recursos provenientes del FIDESEG -contabilizados en el monto total, señalado líneas arriba- se mejoraron y equiparon las instalaciones del C4, que vigilan la ciudad. Se instalaron nuevos monitores y equipo de cómputo, y se dio mantenimiento y limpieza a todo el equipo, y se compraron cámaras de videovigilancia. A menos de dos años transcurridos de la puesta en marcha de la modernización del C4, la urgencia por limpiar y darle mantenimiento es un argumento que poco convence.
El 14 de noviembre el Periódico AM, Sol del Bajío, Ágora, Reporte Bajío, después del ataque a dos personas en la Alameda, reportan que el alcalde Ramírez destinará 67 millones de pesos para depurar sistemas de cómputo por presunto hackeo al C4. Un día después el Periódico AM reporta: “Desmiente director de Policía a Alcalde de Celaya, descarta hayan hackeado cámaras del C4”; el Sol del Bajío, ese mismo día informa que “el titular del C4, Alonso Gómez descarta hackeo de cámaras de la Alameda”. En ese momento hice una pregunta publica ¿Los despedirá?
Ese mismo día, el medio informativo la Silla Rota de Guanajuato, escribe sobre el posible hackeo: “fuentes consultadas en Gobierno del Estado señalan que esto es algo casi imposible, pues el C4 en Celaya tiene servidores propios adentro de sus instalaciones y desde el 2015 el sistema de cómputo y control de las cámaras están conectados al C5i de la Secretaría de Seguridad y Paz estatal, por lo que de haber una intervención externa o virus en las computadoras, también se detectaría en el Centro de Control, Cómputo, Comando, Comunicaciones e Información (C5i) del Estado”.
Las declaraciones del alcalde, dejaban mucho a la especulación: “Yo les he dicho que hay esa posibilidad que nos han dicho que puede haber ese problema (hackeo del C4), yo no lo he asegurado, pero como hay esa posibilidad nosotros necesitamos limpiarlas, actualizarlas, revisarlas y les he dicho que para eso estamos buscando los recursos económicos que no son pocos para eso”. Sin certezas, sin análisis técnico, bajo una presunción desmentida y desmedida, se pretende justificar un gasto excesivo e indefendible.
En ese contexto de ambigüedad, contradicciones, confusión y falta de certeza, el Ayuntamiento el 29 de noviembre aprobó el traspaso de 20 millones de pesos que serían utilizados para el mantenimiento del C4 -Dictamen HDA-037/2024 que emite la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública-. Parecía que el asunto había terminado con ese gasto opaco, pero no fue así.
El miércoles pasado -21 de febrero-, Alfonso Gómez Alvarado, titular del C4, presentó su renuncia por motivos personales, y casualmente dos días después, el viernes 23, el ciudadano alcalde, “anunció que con una inversión de 60 millones de pesos, ya se eligió a una empresa que se encargará de limpiar y actualizar la tecnología del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)”.
En suma, estamos hablando hasta ahora, de 80 millones de pesos que usaría el nuevo gobierno para mantenimiento y limpieza anual del C4, todo ello bajo una opacidad y apresuramiento inusual que genera especulaciones y no pocas sospechas. En esa lógica de gasto, en tres años se estaría gastando 240 millones de pesos, es decir, 55 millones mas que si se comprara todo el equipo nuevo, y se renovará el C4.
En esta línea de hechos, le cuento. A finales de octubre del año pasado, los bomberos acudieron a la presidencia municipal a protestar por el acoso laboral, y el probable despido de 14 trabajadores. El ciudadano presidente Ramirez, se apersonó dos días después en las instalaciones de bomberos, y les dijo, “vengo en plan de ciudadano, amigo y alcalde”, y les prometió que no los despediría. A pesar de ello, el comandante de Bomberos, Lorenzo Ahedo, quien había trabajado como voluntario desde el 2003, fue despedido la semana pasada sin justificación legal, por Jorge Alfonso Santoyo Niño, bajo el supuesto de “ofrecer mejor servicio”. De cierto, desde la llegada de Santoyo a la fecha, no ha presentado un proyecto de trabajo, ni ha realizado cambios cualitativos en esa prestigiada y noble institución, y quien suple al comandante Lorenzo, tampoco lo ha hecho.
¿Tiene lógica, despedir a quienes han arriesgado su vida por años para proteger la integridad física y patrimonial de los celayenses? ¿Tiene sentido usar el dinero de los contribuyentes para despidos a capricho, e injustificadamente? ¿Es de sentido común contratar personajes que no aportan más que desconfianza? ¿Valió la pena romper la palabra de ciudadano, amigo y alcalde?
También en el curso de la semana pasada vimos la primera marcha estudiantil como respuesta a la inseguridad que vivimos. Y es muy grave lo que ocurre ahora, porque es en el primer círculo de funcionarios de seguridad del presidente municipal en donde se ha manifestado la violencia -escoltas, directores, subdirectores, operativos-. Ironías de la vida, pero quienes deberían de proteger a los celayenses han sido las primeras víctimas de la violencia. ¿Qué pudiera garantizar entonces que la vida de los estudiantes y demás ciudadanos está a salvo? Si a pesar de los hechos trágicos, sigue el descuido en la selección de los perfiles de confianza y mando en áreas sensibles de la seguridad ciudadana como el INFOPOL, PC, o el mismo C4.
La marcha de los jóvenes estudiantes fue el parteaguas de lo que vendrá, si no hay una reflexión profunda de la conducta del ciudadano presidente municipal, y del grupo de representantes populares del ayuntamiento. Esta historia de movilizaciones y protestas ya la hemos vivido en los últimos 9 años, en su momento fueron desdeñadas, e incluso utilizadas, pero lo cierto es que abrieron la puerta para el repudio generalizado y la derrota electoral del grupo de poder en turno.
Puede ser que la respuesta para enderezar el barco se encuentre en los 14 ediles del Ayuntamiento, ellos pueden y deben frenar la falta de mesura, prudencia y responsabilidad del presidente municipal. Seneca, señala, “ningún imprudente debe ser abandonado a sí mismo”. Aún hay tiempo para evitar que se desborden los agravios, los reclamos, las muertes, y la caída anticipada del gobierno municipal.
REVOLCADERO. El ciudadano expresidente, Ismael Pérez Ordaz, no pierde un minuto en sus intentos por recuperar la alcaldía de Celaya, con su Asociación del Empresariado Celayense, ya enrutó al joven político, Jorge Gámez Campos, como próximo candidato a la presidencia municipal. Llevan a sus encuentros políticos con la gobernadora, con su amigo el alcalde celayense y más funcionarios, proyectos de infraestructura maquilados desde instituciones públicas, o proyectos fallidos pagados con dinero del pueblo, como el tren ligero, que les dejaría dividendos económicos y políticos El tren de pasajeros del gobierno federal, nada tiene que ver con la publicidad política electoral de Ismael Pérez sobre el tema ferroviario.