Nuestro querido País entra a una etapa nueva, que se llamado “democracia directa”. Si bien el Poder Ejecutivo (Presidente de la República) siempre ha tenido mayor peso en nuestra historia, comparado con el judicial y el legislativo, el entrar a la elección de jueces, es algo que pocos imaginaban se daría algún día en México; sobre todo, sabiendo que se trata de un Poder en el que predomina un sistema de prebendas y de colocación de familiares, que ya muchos quisieran.
Pero sea como sea, constituyó como un Poder de contrapeso, una vez que el Legislativo generaba leyes y las aplicaba el Ejecutivo. Por eso, los jueces, -es el argumento-, deberían tener altísimos salarios y nivel de vida, para que no tuvieran la tentación de ceder a las presiones de ciudadanos malosos que quisieran que la ley fuese comprada.
Pero el caso es que en el “imaginario colectivo”, los jueces siempre estuvieron alejados de la gente y su realidad, pues los estudios de opinión disponibles en las últimas décadas, reflejaban una imagen distante, de privilegios y de corrupción. Me refiero solo a la percepción ciudadana, pues en todas partes hay gentes buenas y gentes malas. Por eso, el expresidente AMLO (de quien, por cierto, me hice el propósito de nunca volver a citar), encontró en ellos otro buen “chivo expiatorio” para señalarlos también como responsables de muchas de las crisis de la realidad nacional. Y tan bien compró la idea el pueblo, que abrumadoramente le dio la razón al líder mesiánico. Tanto, que su voluntad se hizo ley y ésta, se hizo elección de jueces.
Y así fue que llegamos a la elección extraordinaria, donde el INE, el Instituto Nacional Electoral, -casi a punto de desaparecer también el año pasado-, tuvo que organizar este proceso. Todo, dado que la reforma constitucional nos llevó a que los miembros del Poder Judicial, también, deberían ser electos por votación directa. Se generaron foros de discusión en el llamado “parlamento abierto”, pero al final, se cumplió la voluntad del Jefe.
Y así, fue que se dio una ley para que saliéramos a las urnas físicas (no digitales, lamentablemente) para elegir a los candidatos que se registraran. Por supuesto, que aquí se vieron los aspectos buenos y malos; entre los primeros, que los jueces ya no serían solo resultado de ser familiares, sino que los elegiría le gente; entre lo malo, que estos aspirantes podrían ser financiados o empujados por el partido gobernante y por el crimen organizado.
Total: el INE presentó su proyecto presupuestal para realizar el ejercicio democrático este junio, ésta vez sin partidos políticos, los cuales, en teoría, no intervendrían, aunque se ha documentado que abrumadoramente los aspirantes son cercanos o están vinculados al partido en el poder.
La cuestión es que el INE debe organizarla con la tercera parte del presupuesto, pero con las mismas características del proceso de elección de Poder Ejecutivo y Legislativo. Ahora el desafío es enorme, pues en las llamadas “elecciones extraordinarias” y en las “intermedias”, la gente no sale a votas. Recordemos el “mandato revocatorio” que tuvo una reducida respuesta del pueblo. Y no solo para votar, sino que al ser “insaculados” (elector aleatoriamente) sean funcionarios de casillas.
Y así es como llegamos a esta elección, en la que fuimos de nueva cuenta convocados los Consejeros Electorales del INE. Será otro ejercicio de los que seguramente habrá más en el futuro, pues se tratará en la “democracia directa”, de decidir sobre asuntos clave, como: seguir o no en el Tratado de Libre Comercio, sobre si el Estado debe o no invertir en empresas privadas, en la ubicación de una hidroeléctrica y tantos más.
Estos ejercicios, como el realizado con éxito en León en el “presupuesto participativo”, serán más frecuentes y necesarios, pues si la probabilidad es hija de la estadística, tendríamos este junio, unas elecciones de jueves, con reducida participación.
Por ello, con presupuesto reducido, el INE tiene el reto de convocar a las elecciones de jueves, en un ejercicio que por primera vez, se realiza sin partidos políticos, sino solo con Consejeros Electorales que seguiremos siendo los “testigos sociales” para que las elecciones sean justas.