El pasado 20 de octubre, el Grupo Parlamentario de las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional a nivel federal, emitió un comunicado en el que se señalaba, entre otras cosas que, “En un contexto donde el respeto a la legalidad y el Estado de derecho son esenciales para la convivencia democrática, resulta inaceptable que la máxima autoridad del Ejecutivo desacate deliberadamente las suspensiones otorgadas por el Poder Judicial”.
Lo anterior ante las recurrentes omisiones de la Presidenta de la República, para aceptar las diversas resoluciones que las juezas y los jueces que habían ordenado para suspender la reforma al Poder Judicial de la federación.
Los diputados panistas también señalaron que el desacato de la presidenta representaba “un grave atentado contra el Estado de derecho y vulnera la independencia del Poder Judicial”, considerándolo “un intento deliberado por socavar el equilibrio de poderes”. Finalmente, los legisladores del PAN terminaron diciendo que “el comportamiento de la presidenta Sheinbaum pone en entredicho el compromiso de su administración con la democracia”.
Evidentemente la mayoría de los ciudadanos que seguimos de cerca y estamos muy preocupados por la destrucción del país que está provocando el Gobierno Federal y su partido Morena, estuvimos de acuerdo con esta postura, sobre todo porque el desacato hacia el PoderJudicial por parte de los otros poderes y sus titulares representa un golpe durísimo para el último dique de contención que sostiene nuestra democracia.
Pero lo que representa la verdadera incongruencia, desilusión y desesperanza es que los representantes de ese mismo partido en Guanajuato, en donde gobiernan, desde la titular del Poder Ejecutivo hasta las diputadas y diputados panistas en el Congreso del Estado, no solo no se comporten en la misma línea que sus pares federales, sino que, por el contrario, sea aquí mismo en donde sean ellos los que desacaten las resoluciones del Poder Judicial federal.
El día de ayer se publicó la resolución del Juzgado Noveno de Distrito con sede en Irapuato, mediante el cual se resuelve no solo otorgar la suspensión definitiva contra la extinción del Fidesseg, sino que además se multa con 10,857 pesos tanto a la Gobernadora del Estado, como a todas las diputadas y a todos los diputados de la cámara de diputados local que votaron en contra de “precisar y discutir el contenido de las comunicaciones y correspondencia recibidas previamente a la sesión ordinaria celebrada por el Congreso del Estado de Guanajuato el 18 de diciembre del año en curso”.
Es decir que se impone una multa por desacato a todas las diputadas y diputados que omitieron incorporar en el presupuesto de egresos de nuestro estado, partidas destinadas al Fidesseg, ya que su extinción había sido suspendida y, por lo tanto, debería de seguir recibiendo asignaciones presupuestales.
Como ya lo habíamos mencionado la semana pasada, las diputadas y diputados de los partidos PAN, PRI y PRD, ignoraron olímpicamente la resolución de los jueces y aprobaron el presupuesto sin hacerles caso, cayendo en la figura del desacato, pero, sobre todo, exhibiendo una postura violatoria de la división de poderes y nada ejemplar para la ciudadanía que ellos gobiernan, cayendo en una vergonzosa contradicción, pues los que hacen las leyes, son los primeros que no las respetan.
Esta multa representa en toda la extensión de la palabra, la soberbia con la que se conducen algunos de nuestros políticos en el estado, interpretando las leyes y resoluciones a su antojo. ¿Qué nos espera a los ciudadanos si todo por lo que NO votamos, lo tenemos ahora gobernando?
Dice el Gobierno del Estado que en todo este asunto “El Gobierno de la gente es respetuoso del estado de derecho y de la resolución emitida” ¿entonces por qué lo multaron?
RAA