Congreso y Libia, está en sus manos
El 1 de enero, el Congreso del Estado arranca el proceso para la designación del titular de la Fiscalía General del Estado.
Como se hizo público, en común acuerdo el fiscal Carlos Zamarripa y la gobernadora Libia García, pactaron su salida a partir del próximo miércoles, tres años antes de cumplir su periodo legal de 9 años para el que fue electo en febrero de 2019.
Los siguientes pasos están establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, que a la letra dice en su fracción I:
“A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, el Congreso del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos cinco candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Gobernador del Estado; en tanto, éste designará un Fiscal General del Estado en forma provisional, quien ejercerá sus funciones hasta que se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo”.
El punto que no tomaron en cuenta los diputados es que esos 20 días no alcanzan para emitir una convocatoria abierta para el registro de aspirantes a Fiscal, como se hace en otros cargos como el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (cuyo proceso está en marcha con 22 aspirantes anotados).
La salida de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, comandada por el panista Jorge Espadas Galván, seguramente será que cada una de las fracciones y representaciones partidistas propongan un candidato (PAN, Morena, PRI, Verde, Movimiento Ciudadano, PT y la del PRD cuya representante es otra militante panista) la Constitución dice al menos cinco así que pueden ser siete.
Ninguno de los jefes parlamentarios han mostrado sus fichas y, al menos hasta ahora, tampoco hay evidencia de un nombre y apellido ya definido para el cargo. Sin duda, aunque será el Congreso el que vote, la carta la marcará Libia.
Las propuestas de donde saldrá el o la Fiscal la hacen siete diputados: Jorge Espadas (PAN), David Martínez (Morena), Alejandro Arias (PRI), Sergio Contreras (Verde), Rodrigo González (MC), Carolina León (PT) y Pilar Gómez (PRD).
En política más vale ser historiador que profeta, es pronto para decir un nombre, aunque suenen algunos en la baraja de opciones: Renato Sales, ex fiscal de Campeche e integrante del Consejo Consultivo para la Paz de la Gobernadora; Daniel Federico Chowell Arenas, ex procurador de justicia del estado y ex magistrado penal; Manuel Vidaurri, ex procurador de Derechos Humanos, etc.
En septiembre pasado se eliminó el requisito de ser guanajuatense para el cargo, así como el de haber residido en el estado durante los últimos cinco años.
Hay quienes apuntan a que la negociación será directa de la gobernadora Libia García con el Gobierno federal para llegar con una propuesta “planchada” que tenga el apoyo de Morena en el Congreso. No hay duda que sería lo mejor para el PAN-Gobierno en Guanajuato, la pregunta es si la 4T querrá avalar un nombre.
Después de todo el discurso del Gobierno federal y aliados frente al PAN-Gobierno en Guanajuato fue durante el sexenio anterior el cuestionamiento a los titulares de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad, que ya no estarán. ¿Querrá el gobierno de Claudia Sheinbaum compartir la responsabilidad en la decisión? Ya se verá.
3 de febrero, humo blanco
La Junta de Gobierno tiene marcado el cronograma de la designación que inicia sesionando el 1 de enero para declarar la ausencia definitiva del Fiscal. El 8 de enero volverán a reunirse y el 13 otra vez para aprobar el listado de al menos 5.
El 14 de enero la Diputación Permanente convoca a un periodo extraordinario, y un día después el Pleno aprueba y envía a la Gobernadora del Estado sus propuestas.
La fase 2 del proceso marca que entre el 16 y el 25 de enero, la Gobernadora elaborará una terna y la enviará al Congreso del Estado (el plazo máximo para recibirla es el 25).
La fase 3 y última establece que del 25 de enero al 3 de febrero (o dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la terna) el Congreso tomará los siguientes pasos: el día 24 la Diputación Permanente turna la terna a la Comisión de Justicia, ese mismo día la Comisión de Justicia, que encabeza la diputada por Morena María Eugenia García Oliveros, radica y acuerda la metodología de comparecencias de los tres finalistas y el 30 de enero dictaminar su viabilidad.
El 31 de enero la Diputación Permanente convoca a periodo extraordinario programado para el lunes 3 de febrero, día en que el Pleno designará al titular de la Fiscalía del Estado para un periodo que ahora será de 7 años (ya no de nueve).
La designación debe darse por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, es decir, si asisten los 36 a los que les pagamos, se requieren 24 votos, los cuales ya sabemos que no tiene el PAN (son 17 considerando a Pilar Gómez que llegó bajo las siglas del PRD), ni siquiera con son su aliado el PRI (otros tres). Así que necesita convencer por lo menos a los Verde y MC, dos de cada uno.
Suena una interina
La gobernadora Libia García debe ya nombrar al titular interino de la Fiscalía.
De manera oficial no ha anunciado quién se hará cargo a partir del primer minuto del 1 de enero de 2025 y hasta al menos el 3 de febrero que haya ‘humo blanco’.
La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado marca en el artículo 15 que: “En los casos de ausencia definitiva, el Gobernador del Estado designará un Fiscal General en forma provisional en tanto se realiza la nueva designación”.
No hay un procedimiento marcado para que la Gobernadora nombre a alguien. Solo existe en el caso de ausencias temporales o excusas del Fiscal General y que éste no pueda designar a un encargado de despacho, en ese supuesto esa función recae en el Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alto Impacto. En caso de que dicho Fiscal presente un impedimento o se encuentre ausente, el despacho estará a cargo del Fiscal con mayor antigüedad en el puesto.
En el supuesto que Libia se guíe por esa ruta, dicen los enterados en las entrañas de la Fiscalía que una opción con amplias posibilidades es la de Zucé Anastacia Hernández Martínez, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Es la de mayor antigüedad entre los fiscales especializados y regionales. Además, en Gobierno del Estado quieren darle el toque de paridad de género a ese encargo, que ha sido una política de la gobernadora desde que asumió el cargo.
Zucé Hernández ha estado en representación de Carlos Zamarripa en dos reuniones encabezadas por Libia García ya como gobernadora: el 15 de octubre con una treintena de buscadoras de personas desaparecidas, y en noviembre en la primera reunión con todos los municipios, Poderes y dependencias involucradas para atender la Alerta de Violencia de Género en el Estado.
Dos de los fiscales regionales más antiguos ya se jubilan también el 1 de enero, junto con su jefe Carlos Zamarripa, según las mismas fuentes. Ellos son: Joel Romo Lozano, fiscal de la región A, con sede en León, quien tiene 23 años en la institución. Y Navigio Agustín Gallardo Romero, fiscal de la región C, con sede en Celaya.
Fuentes de la Fiscalía comentaron a AM que la disposición de que fuera el Fiscal de Delitos de Alto Impacto se agregó cuando ese cargo lo ocupaba Manuel Angel Hernández, quien era de toda la confianza de Zamarripa y era quien se quedaba a cargo de la Fiscalía cuando se iba de vacaciones el fiscal. Pero falleció en octubre de 2020, durante la pandemia de COVID-19, a causa de esta enfermedad.
Pero en esta ocasión, las fuentes consultadas al interior de la Fiscalía consideraron que José de Jesús Quezada Torres, actual Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alto impacto, no tiene posibilidades de ser el interino. Zuce lleva ventaja.
Declaraciones transparentes
Los funcionarios entrantes en la administración de Libia García tienen la obligación de transparentar su declaración patrimonial, siendo única excepción el secretario de Seguridad, por cuestiones precisamente de seguridad.
Todos los funcionarios están obligados a presentar su declaración, aunque en diferentes tiempos, de acuerdo a su fecha de entrada o salida, y que anteriormente no estaban obligados a transparentar (hacerla pública), algo que cambió, aseguró a AM la titular de la secretaría de la Honestidad, Arcelia González.
Fue a partir del 9 de diciembre que se formalizó esta obligación para quienes se suman al servicio público en el Poder Ejecutivo, mediante un anuncio de la gobernadora Libia Dennise García el día 11, como parte de las acciones planteadas en el Manifiesto por la Honestidad.
El 9 de diciembre se dejó sin efecto un resolutivo emitido por el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo folio RCT-1718-2021, el cual establecía que se requería la autorización expresa de cada declarante para hacer pública su declaración, es decir, que ahora ya no será necesaria dicha autorización.
Las y los servidores públicos de nuevo ingreso tienen 60 días naturales siguientes a la toma de posesión del cargo para presentar su declaración inicial, como lo establece el artículo 33 fracción primera de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, esta será pública.
Los que faltan, en mayo
En el apartado “Declaraciones patrimoniales” de la página de la Secretaría de la Honestidad (antes Secretaría de la Transparencia), de 35 funcionarios del gabinete legal y ampliado, en 15 de ellos no aparece aún la información referida.
En el caso de Juan Mauro González Martínez, funcionario de nuevo ingreso, queda exento de dicho requisito para no comprometer la seguridad pública ni integridad o el ejercicio de los derechos del titular.
Y de los 14 funcionarios restantes (como Héctor Salgado Banda, María Guadalupe Robles y Juan Pablo Pérez Beltrán, secretarios de Finanzas, de Turismo e Identidad y de Obras Pública, respectivamente), entraron antes del 26 de septiembre -en administraciones anteriores- y presentaron desde mayo su declaración de modificación patrimonial (anual). Será en mayo de 2025 cuando sus declaraciones también sean subidas al portal de SH sin necesidad de autorización.
Arcelia González advirtió que la persona que tenga la obligación de presentar su declaración en cumplimiento al artículo 33 fracción segunda de la Ley de Responsabilidades Administrativa, y no lo haga, puede caer en responsabilidades.
Aunado a esto, “es importantísimo el tema de declaración de intereses. Además de saber primero, cómo llega el funcionario y cómo se va, también (saber) si tiene algún conflicto, entonces es importante la transparencia y lo ha dicho la propia gobernadora, que esto sea una caja transparente en donde la ciudadanía pueda ver su propio reflejo”, declaró.
En entrevista, la secretaria afirmó que al 13 de diciembre iban más de 3 mil 400 declaraciones patrimoniales disponibles (subidas) en el sistema.
Esta normativa permitirá conocer “de manera efectiva, cómo ha cambiado nuestro patrimonio, cómo entramos y cómo se ha ido modificando y transformando, entonces a ellos -las y los ratificados- les obligaba otra ley, también los que salieron tienen obligación de dar su declaración final”.
Dar seguimiento a la declaración de bienes permite a la población conocer de qué manera es congruente la percepción de salario y la percepción de ingresos de las y los funcionarios, puesto que hay quien tiene otras fuentes de ingreso, como es el caso de quienes son comerciantes. Este seguimiento corresponde a la Subsecretaría de Situaciones Patrimoniales.
LALC