En la víspera de Navidad el Juzgado Decimosegundo de Distrito resolvió y publicó la resolución en la que se concede la suspensión definitiva para que el Gobierno del Estado no ejecute la extinción del Fidesseg, lo que forzosamente nos lleva a un juicio en donde se analice el fondo del asunto y se resuelva en consecuencia, lo que puede tomar varios meses.
Si bien es cierto que esto representa un gran avance para evitar la desaparición del proyecto ciudadano que dio origen al Fidesseg, también es cierto que todavía no hay nada ganado en definitiva. El poder ejecutivo ya dijo que, “esto no cambia nuestra posición” por lo que seguramente seguirá insistiendo en destruir el proyecto a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, a cuya titular la Lic. Rosario Corona, se le atribuyen las agresiones contra las organizaciones empresariales cuestionando su reputación y credibilidad.
Resulta que no solo desde el poder ejecutivo de Guanajuato se ha emprendido la ofensiva para denostar a los empresarios, ahora hemos visto que desde el poder legislativo también, de forma simultánea y evidentemente coordinada, se han asumido posiciones que lejos de manifestar una postura autónoma de un poder contra otro, se ha visto, al menos en las bancadas del PAN, PRD y PRI, la tradicional actitud sumisa ante el ejecutivo, con la agravante de que esas posiciones han caído en el desacato contra el poder judicial, abriendo nuevos frentes en todo este embrollo y ubicando a las diputadas y diputados como sujetos de ser sancionados.
En este contexto, tenemos que señalar que el 17 de diciembre, el Juzgado Noveno de Distrito, emitió un acuerdo en donde se vincula al Congreso de Guanajuato para que cumpla con la suspensión provisional que ya se había emitido, y en la que preliminarmente se advertía la inconstitucionalidad de extinguir el Fidesseg, lo que obligaba al poder legislativo estatal a no aprobar una Ley del Presupuesto de Egresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2025, en la cual no se previera el destino de recursos para el Fidesseg, ya que de hacerlo (como lo hicieron) consecuentemente sería inconstitucional.
La cabeza más visible en el poder legislativo en contra del Fidesseg es la del coordinador de la bancada del PAN, el diputado Jorge Espadas, quien ha sido el encargado de transmitir a sus diputadas y diputados, a través de una interpretación distorsionada de la resolución del juez, que con el simple hecho de que las legisladoras y los legisladores tuvieran conocimiento del acuerdo a través de la correspondencia y se subiera a la gaceta, con eso era suficiente, lo cual resulta a todas luces no solo violatorio del acatamiento de la resolución de un juzgado, sino que representa una burla al mismo juzgador y a todos los ciudadanos, pues solo en una mente mañosa cabe pensar que el dar a conocer un resolución es solo para estar enterados, y no para ejecutarla y acatarla.
Ya para nadie es secreto que muchas voces panistas en los pasillos del Congreso se cansan de mandar a los empresarios al rancho de AMLO, con el argumento de que “ellos no mandan”, lo cual es totalmente cierto, los empresarios nunca han mandado, ni han pretendido hacerlo, bastante ocupados están atendiendo a su empresa, generando empleos y pagando impuestos, para que los diputados vivan bien.
Hasta donde yo recuerdo fueron los panistas los que hace muchos años invitaron empresarios a la política, con el objeto de limpiarla y dignificarla, algo de lo que seguramente algunos legisladores hoy impresentables ya no estarán de acuerdo, pues se les acabaría su minita de oro.