Quizá al final no sea necesario siquiera llegar a la reforma eléctrica constitucional del presidente López Obrador. Ya están listadas para el pleno de la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad de senadores de la oposición y dos controversias constitucionales, de la Comisión Federal de Competencia y del gobierno de Colima. La nueva ministra Loretta Ortiz Ahlf presentará al pleno la ponencia para los tres casos.
Ortiz Ahlf es una abogada respetada, pero tiene una clara cercanía con Morena, partido del cual fue diputada. La ponencia que ha preparado, y que ya ha trascendido, propone considerar como constitucionales las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021. Los jueces especializados en competencia económica han señalado una y otra vez que esta legislación viola el régimen de mercado que se plasmó en la Constitución con la reforma eléctrica de 2013. El presidente López Obrador ha propuesto una reforma constitucional debido a los fallos contra la legislación secundaria, pero la ponencia de la ministra Ortiz Ahlf simplemente los descartaría.
Las reglas en las declaraciones de inconstitucionalidad hacen muy difícil desde un principio desechar leyes. Mientras que en otros países basta una mayoría simple en un tribunal constitucional, en México se requiere el voto de ocho de los 11 ministros. El que la ministra Ortiz Ahlf se pronuncie ahora a favor de declarar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, a pesar de que elimina el sistema de mercado plasmado en la Constitución, dificulta la posibilidad de conseguir esa mayoría extraordinaria de ocho ministros.
La Corte tiene ya cuatro ministros nombrados por el presidente López Obrador y uno más, el presidente Arturo Zaldívar, que se ha mostrado casi siempre favorable a las posiciones del primer mandatario. Los jueces especializados han tenido razón jurídica, a mi parecer, al señalar en repetidas ocasiones la inconstitucionalidad de la nueva ley de electricidad; pero la verdad es que la Suprema Corte está cada vez más sometida a la persona y al programa político del presidente López Obrador.
Hemos visto una gran discusión política acerca de la reforma constitucional para la industria eléctrica del presidente, pero no podemos olvidar que la razón por la cual se lanzó esta iniciativa es porque los jueces especializados consideraron como inconstitucionales muchas de las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Si la Suprema Corte no ratifica que la ley es inconstitucional, ya no será necesario cambiar la Constitución. Seguramente el presidente seguirá con el intento de enmendar la carta magna, aunque solo sea para mostrar su creciente poder, pero sus medidas para fortalecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad tendrán ya vía libre en nuestro país.
La lucha en contra del proyecto de AMLO tendrá que moverse a instancias internacionales. México tiene derecho a cambiar su legislación eléctrica, pero no a hacer expropiaciones indirectas con modificaciones retroactivas a las leyes. Las empresas afectadas pueden promover sus inconformidades en tribunales internacionales; no podrán buscar que se revierta la ley, pero sí que se les paguen indemnizaciones por las expropiaciones indirectas. Si los fallos internacionales les son favorables, los mexicanos terminaremos no solo pagando estas indemnizaciones, sino sufriendo las consecuencias de un sistema eléctrico más monopolizado, caro y sucio.
Mirabel
El escritor Nicolás Alvarado recuerda en El Heraldo de México el caso del aeropuerto de Mirabel, construido por el gobierno de Quebec en 1975 en un punto muy alejado a Montreal por razones políticas. Al final se convirtió en un elefante blanco y fue demolido en 2014. Montreal dejó, además, de ser la puerta de entrada a Canadá.