Era otro México aquel donde colectivos y víctimas clamaban por una “Fiscalía que sirva”, por una plenamente autónoma. Toda Fiscalía elige qué delitos persigue. No existe una con los recursos para perseguir toda violación a la ley o país con cero impunidad, pero el gran reto es establecer objetivos y desarrollar mecanismos que le resten discrecionalidad a determinar qué se persigue. En este gobierno, el único criterio ha sido usar la justicia para hostigar enemigos y encubrir aliados. Querríamos ver tras las rejas a todo delincuente, pero una Fiscalía debe evaluarse por la efectividad de sus investigaciones, apegándose al debido proceso y respetando los derechos humanos de todas las partes.
Es vergonzosa la impartición de justicia en México. Según la última versión de Hallazgos, donde México Evalúa analiza el Sistema de Justicia Penal, 94.8% de los casos denunciados quedan impunes y se archivan 65% de las carpetas que se inician. Habiendo más de 90 mil personas desaparecidas y con el crimen organizado cada vez más poderoso e impune, el fiscal elige dedicarse a perseguir enemigos políticos, y hasta a sus propios parientes. A Rosario Robles la han privado de la libertad por dos años, acusada de un delito que, de ser encontrada culpable, no se castiga con cárcel. No hay sentencia en su contra, como tampoco la ha habido para la mitad de los presos en nuestras cárceles.
El debido proceso exige que la Fiscalía investigue a partir de hechos delictivos concretos y busque evidencia sólida que justifique judicializarlo. Una vez armada esa carpeta, se debe garantizar la debida defensa compartiéndola con el imputado. En dos casos recientes, el de los investigadores del CIDE y el de Ricardo Anaya, la Fiscalía se negó, de entrada, a compartirla. El ex candidato del PAN exhibió en una serie de videos que ésta fue armada al aventón, sin escrúpulos y primero decidiendo su culpa, para después buscar evidencia que la justifique, lo cual -por mucho- no se logró. El simple hecho de que el Presidente lo declarara culpable en su libro y en la Mañanera corrompió el proceso más allá de lo que sería posible corregir. Ningún juez se atreverá a contradecir al mandatario.
La Fiscalía presenta sus carpetas ante jueces que evalúan sus méritos. Es alarmante que en casos políticamente motivados hagan maromas para que éstas caigan en el escritorio de jueces incondicionales. En el caso de Robles, le dictó prisión precautoria el juez Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de su mayor enemiga política en este gobierno. En el caso de Anaya, hicieron maromas para que les cayera a jueces en el Reclusorio Norte, que son los más “dóciles”. Al aumentar el número de delitos que ameritan prisión preventiva, el Congreso le dio un arma peligrosa a una Presidencia vengativa que no cree en la separación de poderes.
Con la UIF pasa lo mismo. Santiago Nieto ha sido un sicario efectivo. Recordemos la extorsión al ministro Eduardo Medina Mora para forzarlo a renunciar a la Suprema Corte. La UIF congeló sus cuentas bancarias y las de toda su familia, y las liberó -en sábado- una vez que renunció. Ni siquiera tuvieron el pudor de hacer como si el cambio proviniera del resultado de la investigación. ¡Si tan sólo fuese así de agresivo investigando capos y criminales!
Ha empezado la presión para los legisladores que votarán la bestial reforma a la CFE. El Presidente confirmó que pondrá en evidencia en sus “Mañaneras” a quien se oponga. No tolera que alguien piense distinto. Esta presión, aprovechando el púlpito presidencial, ha sido efectiva y ha provocado, incluso, que medios de comunicación “de oposición” se autocensuren para evitar desgaste. Pregúntenle a Lilly Téllez cómo le fue cuando el Presidente le lanzó su jauría.
Se dice que “detrás de cada legislador priista hay una carpeta”, que todos tienen cola que les pisen. Nuestro gran riesgo emana de una Fiscalía que ha demostrado ser capaz de hacerles una de plastilina, en caso de que no la tengan, ya habrá algún juez que la dé por buena. Para esta Fiscalía, la justicia y la verdad son aspiraciones superfluas.