En mi opinión, uno de los aspectos positivos que ha traído el presidente AMLO a la vida nacional, ha sido meter al debate y a la práctica, la democracia deliberativa, complementando a la consultiva. Si entendemos por la primera a la que permite a los participantes ciudadanos tomar decisiones y por la segunda, a la que permite escuchar, pero no decidir. AMLO ha incursionado en algo que los gobiernos no habían querido abrir: espacios para que la ciudadanía tome decisiones.
Si vamos al asunto de fondo, el voto popular electoral, permite que los gobernantes sean nuestros representantes, ya en el poder ejecutivo o ya en el legislativo, pero cuando el juego político les permite a ellos que se cambien de partido, obedezcan más a las cúpulas de partido o tengan agendas personales o de grupo, los ciudadanos ya no nos sentimos representados por esos diputados, senadores o presidentes.
Además, cuando tenemos enfrente problemas específicos que debemos resolver, es cuando en las democracias modernas se abren esquemas deliberativos como las consultas populares, los referéndums y los plebiscitos. Considero que estos esquemas son indispensables en México y en Guanajuato, pues los modelos participativos se han agotado en décadas. Muchos gobiernos buscaron que la ciudadanía tuviera espacio en Consejos o Comités, pero al final, terminaron estos proyectos siendo tradiciones para solo levantar la mano ciudadana y así justificar en alguna medida, las decisiones ya tomadas por los gobernantes.
AMLO metió a la agenda nacional la democracia deliberativa, -aunque con modos que reflejaron su manera de entender a la gente, al pueblo- y con esto, sus riesgos inherentes. Así, la “mano alzada”, el sondeo con la gente, el clamor de la asamblea, comenzaron a ser la estrategia morenista, con todas las complicaciones que esto acarrea. Pero mal que bien, comenzaron a funcionar con un pueblo, con una ciudadanía, necesitada de ser tomada en cuenta en las decisiones y no solo consultada.
Por eso, en los actuales modelos de gobernabilidad y gobernanza, la democracia deliberativa comienza a ser experimentada por nuevas generaciones de políticos que arrasadas por el “tsunami” morenista del 2018, reconocieron que hay una necesidad real en el pueblo, de que no solo se escuche su voz, sino que también se tome en cuenta su voto en una decisión concreta, -ya sea una obra pública, en una decisión polémica, en la inversión de recursos públicos, en la autorización de un uso de suelo-, y tantas más de la vida de la República y de Guanajuato, donde ya deberíamos iniciar este tipo de ejercicios.
El caso es que esta estrategia tan necesaria llegó también a algo que tiene una clara intencionalidad política por parte del presidente AMLO: el juicio a los expresidentes. Sabemos que hay cuestiones que de antemano sabemos cómo serán votadas: si aceptamos o no impuestos, si queremos o no que se entreguen apoyos sociales, que se entreguen o no más becas. En todo esto sabemos de antemano el resultado y no requerimos desgastarnos y gastarnos en esa dinámica. El juicio a los ex presidentes es un ejemplo claro. A los mexicanos nos encanta culturalmente estar anclados al pasado y en echar la culpa de nuestros males a los gobernantes, a los políticos, a los norteamericanos, a la conquista, a los dioses y al destino, pero nunca a reconocer lo que tenemos de culpa nosotros mismos.
Por eso, el Presidente, el gran conocedor de lo que necesita y cómo reacciona el pueblo, el gran distractor de la realidad, lanza a diario iniciativas y narrativas que provocan a las mayorías. Y así, iremos pronto a la consulta sobre enjuiciar o no a los “agentes políticos del pasado” cuando sabemos que hay leyes que se deben aplicar. En marzo del 2022 iremos a un referéndum de revocación de mandato para decidir si se queda o no AMLO en la Presidencia. Gastaremos tiempo, esfuerzo y cientos de millones de pesos y los mexicanos seguiremos distraídos de la gran tarea que debemos hacer: mirar el futuro.
*Consejero local del INE.