Entre todas las caídas que hemos tenido en el país, se suma otra. Los vecinos norteamericanos nos dicen que nos desplomamos en la seguridad aérea. Cayó la producción como nunca, cayó la salud, el empleo y la educación. Ahora también el cumplimiento de normas de aviación.
La Administración Federal de Aviación o FAA, por sus siglas en Inglés, determinó que ya no tenemos las especificaciones necesarias para garantizar la seguridad aérea. De tener calificación de primera, descendimos a segunda división. Para las líneas nacionales como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús es un golpe seco que detendrá su recuperación después del aterrizaje forzoso de la pandemia.
Quienes critican de todo a nuestro vecino, quieren hacernos creer que es una medida política de presión o un acto ventajoso. Nada más infundado y lleno de nacionalismo trasnochado.
Uno de los mayores éxitos de Estados Unidos es la seguridad aérea. Gracias a la estricta vigilancia de su transporte comercial han logrado extraordinarios resultados en seguridad. Durante años los accidentes de aviación han sido mínimos o inexistentes.
Cuando un pasajero aborda un avión de líneas internacionales de calidad y de sistemas de tránsito aéreo de punta, las posibilidades de tener un accidente son menores a una en 6 millones. Ningún transporte hoy es más seguro.
Para reforzar esa seguridad tienen una Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Una agencia INDEPENDIENTE (autónoma como el INE) que investiga todos los accidentes carreteros, de trenes, barcos y aviones. Con la información que recaban en cada incidente o accidente (que son muy distintos) forman una base extensiva de conocimientos para evitar problemas y tragedias.
Si la tragedia del Metro en su línea 12 hubiera ocurrido en EU, ya habría varias docenas de expertos investigando el accidente. Harían un dictamen sin presión de ninguna autoridad y darían un veredicto técnico. Cuando sucedieron accidentes como el del avión en el que murió Juan Camilo Mouriño, en tiempos de Felipe Calderón, participaron expertos para verificar si había sabotaje o un ataque directo. El Gobierno de México necesitaba una opinión calificada para desterrar teorías sobre conspiraciones.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable de la Agencia de Aviación Civil, debe corregir todo lo que la FAA le diga que está fuera de norma. El problema no es que podamos entrar a Estados Unidos con más vuelos de líneas nacionales; el asunto es que hay peligro en los cielos de México y en las especificaciones no cumplidas. Lo que hace la FAA norteamericana, en estricto sentido, es protegernos de una mala administración interna.
Después de la tragedia de la destrucción en Texcoco, cualquier extranjero puede dudar de la competencia y lucidez de quienes nos gobiernan. Intuyo que el austericidio de la 4T le pegó duro a la aviación con recortes. Un amigo funcionario de un aeropuerto nacional comentaba que a los empleados de la SCT y del Seneam ni siquiera les dan uniformes; faltan focos en las oficinas y tienen que proveerse de su propio papel sanitario e instrumentos de limpieza. Una vergüenza. Imposible que pasaran las auditorías de la FAA en temas más delicados.
Fe de erratas. Ayer en el periódico impreso publiqué un número equivocado. En la compra de Pemex a Shell por el 50% de la refinería de Deer Park, asumí que la refinería tenía un valor superior a los 1,912 millones de dólares y debí escribir 1,192 millones de dólares en que fue valorada la planta. Dije que se necesitaba mediana inteligencia para hacer cuentas. En esta ocasión no llegué a esa media requerida. Una disculpa.