Llegamos a una oficina de servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco. Uno de los funcionarios viste una playera polo deslavada. Tiene la imagen de los héroes de la llamada 4T. El lugar está a media luz. Dos focos iluminan un mostrador. El empleado dice que uno lo compró él porque no tienen presupuesto para focos, ni para agua potable ni papel sanitario.
Llevamos papeles impresos con la forma para el trámite. Antes la Secretaría entregaba formatos con copias. Los cancelaron. Quitaron también el servicio de limpieza que antes tenían contratado. En otra oficina de Guanajuato, los ingenieros y técnicos que atienden al público se rotan la tarea de la limpieza, y en tandas, llevan el agua potable.
“Este año el presupuesto para uniformes nos alcanza para media playera, antes al menos ajustaba para dos juegos”, nos comenta el funcionario. Cabizbajo por las nuevas condiciones de trabajo, explica que los empleados de Gobierno “no tienen para dónde hacerse” mientras el pueblo tenga endiosado al Presidente.
La escena se repite en muchas dependencias con carencias de los instrumentos y los útiles básicos para el trabajo. Y si este año fue de penurias, no tienen esperanza de que el 2021 sea mejor. La cancelación del gasto público hasta en el 75 por ciento, genera la sensación de una espiral de desabasto. Un poco lo que pasó en Venezuela, donde la eficacia del servicio público llega a un mínimo histórico.
Los cortes de tajo o de machete ahorran muy poco en relación a las necesidades impuestas por el propio Gobierno para repartir a diestra y siniestra miles de millones de pesos en efectivo. Según datos de la Federación, tan sólo en Guanajuato distribuyen este año 11 mil millones de pesos en dádivas a ninis, adultos mayores y programas asistenciales.
Mala administración. Con una mano hacen recortes draconianos a quienes trabajan y sirven al público y con la otra derrochan recursos que no sabemos con certeza a quiénes ni a dónde llegan. Para reparar el ánimo y el daño al servicio público pasarán años. El Gobierno tendrá que aumentar cuotas, pagos, aprovechamientos, derechos y todo tipo de impuestos por los servicios que presta.
La crisis económica de la pandemia se extiende como la sequía en un desierto. Sin un crecimiento vigoroso, las empresas zombies desaparecerán con cientos de miles de empleos porque los mercados no darán suficiente a todos. Para romper el círculo vicioso de la baja productividad se necesita la intervención fuerte y decidida del sector público. Lo saben los técnicos de Hacienda, los expertos del Banco de México y el sector empresarial. Lo ignoran en Palacio.
Ahora es el momento de echar mano del crédito para sanar la economía. Después pagaremos, cuando vuelva el crecimiento. El llamado “austericidio” no sólo impide la eficacia gubernamental sino que roba el espíritu y el ánimo de la burocracia federal. En el fondo presenciamos la mayor distorsión del presupuesto en décadas.
Si a eso aumentamos las inversiones sin sentido en Pemex, CFE y las obras insignia de la administración, el tronido de las finanzas públicas puede impulsar el descontento social como nunca antes. Entonces no habrá ya un Felipe Calderón o un Enrique Peña Nieto a quien culpar.