“Pero seguramente sí será algo importante; para que no nos aumente la deuda hemos tomado la decisión de que esos excedentes se destinen al pago de deuda, entonces nos va a ayudar a reducir montos por servicio de deuda y a mantener nuestra política de no aumentar impuestos, de no crear impuestos nuevos, de no aumentar, en términos reales, los precios de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz”.
Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera del martes 14 de abril.
El Presidente se reunió con el gobernador del Banco de México, Alejandro Diaz de León para analizar la situación económica del país. En cualquier otra nación desarrollada, el resultado hubiera sido un acuerdo fiscal y bancario para extender el crédito público hasta donde tope o un 15 por ciento del PIB.
López Obrador ya había anunciado recortes de gasto en secretarías y hasta en los aguinaldos de los funcionarios para “ayudar”. Como si se tratara de resolver un cáncer con una aspirina.
Lo que debe hacer todo gobierno durante una recesión que tiende a depresión es abrir la llave del dinero a todo lo que se pueda y gastar, gastar y gastar.
Eso lo sabe bien el Gobernador del Banco de México. Con su autonomía debería recalcarle al Presidente que, de no hacerlo, se impondrá sufrimiento, hambre, enfermedad y muerte a la mayoría de la población.
El experto está obligado a decirle que si no apoyan a Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), habrá una destrucción de empleo y un quebradero de negocios como nunca se ha visto en nuestro país.
Diaz de León tiene el deber de explicarle a López Obrador que sin una expansión desbordada de liquidez, la paz social no podrá asegurarse si se extiende el encierro por la pandemia. También debería explicarle lo que hacen otros países como España, que ya planea un ingreso básico para toda la población vulnerable.
Enseñarle que la deuda, como proporción de lo que producimos, será mucho mayor si el país se hunde. Que las calificadoras están espantadas, no por Pemex ni el valor del petróleo (que puede ser pasajero) sino por la temeraria pasividad de su Gobierno ante la catástrofe que viene.
Ya lo dijo Financial Times; lo hicieron público prestigiados ex presidentes latinoamericanos y lo suplican los empresarios que proponen un ingreso mínimo para los desempleados. Un pago que sería compartido entre empresas y Hacienda durante algunos meses mientras retomamos el crecimiento.
Lo gritan expertos economistas y lo plantean conocedores como Santiago Levy, quien tiene un proyecto razonable.
Vamos a pagar deuda cuando el enfermo está en el hospital, cuando las familias no tienen ingreso y las empresas cierran por millares ante la falta de ventas.
Todos quienes gobiernan el Banco Central conocen la receta. De sobra entienden que no es un remedio neoliberal ni mucho menos, que la expansión del circulante y del crédito son indispensables, de vida o muerte para el país. Saben que, de no hacerse, las pérdidas serán multiplicadas por 10 y al final igual tendremos que aumentar impuestos para salir del agujero.
Lo que sorprende es el silencio criminal, tanto del Gobernador del Banco de México como sus subgobernadores. El único que dice las cosas como son es Jonathan Heath y lo hace con cierta timidez, arropado en tecnicismos cuando el grito desesperado debe ser: dinero, mucho dinero, pero ya, venga de donde venga. Incluso de la máquina de imprimir billetes.
Si no lo hace, la nueva Administración quedaría enmarcada en la historia como el peor gobierno en la historia moderna del país.