El viernes pasado calculé los requerimientos del país para aguantar la tormenta económica que se avecina.

En base a lo que otros países destinan para el apoyo de personas y empresas sugerí una inyección de un billón de pesos a la banca, las empresas y en apoyo directo a los bolsillos de los más desamparados. 

Un billón de pesos (un millón de millones) equivalen al 4% de lo que el país produce cada año.

La sorpresa fue que en países desarrollados como España, Italia, Canadá, Estados Unidos y Francia, el apoyo de sus gobiernos podría llegar del 10 al 15% de su PIB. 

El más grande es el de Estados Unidos, que comenzó con una cuenta de 850 mil millones de dólares y ya pasa de 2 billones de dólares. Justo el equivalente a dos veces el PIB mexicano. 

Las economías desarrolladas abren la manguera del dinero como una pipa de bomberos para tratar de apagar el mayor incendio que se haya visto. 

Digo que me equivoqué porque el Gobierno debe quitarse ya la broma de la austeridad y echar a andar con todo la máquina de producir dinero.

Si lo vemos bien, será la única forma de aliviar la miseria que se viene para millones de familias sin una red social protectora. 

Más de la mitad de los mexicanos viven en el mundo de la informalidad. Taqueros, taxistas, jornaleros, meseros, comerciantes en pequeño y trabajadoras domésticas van a perder su ingreso de un día para otro. ¿A dónde irán? El Gobierno debería emplearlos en algo aunque fuera “hacer hoyos para luego taparlos”.

Más adelante, en la cadena productiva, los hoteles, restaurantes, bares y pequeñas cenadurías se quedarán sin clientes y sin dinero.

Una tragedia que no vivieron durante el ataque terrorista de 2001, la crisis financiera del 2008 o la epidemia de la influenza en el 2009.   

Sin el apoyo del Gobierno (es decir de todos), podría incendiarse el país más pronto de lo que dura en saturarnos la infección del Covid-19.

El Banco de México debería estar en arreglos con la Secretaría de Hacienda para una intervención masiva en los mercados, ayudados por la banca comercial.

El Consejo Coordinador Empresarial de León sugiere: diferir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), propio y retenido, el pago del IMSS y del INFONAVIT. Eso ayudaría al flujo de las empresas que resienten ya la desaceleración de ventas y cobranza. También plantea abrir créditos y acelerar la devolución del IVA. 

Otro alivio sería prorrogar la presentación de la declaración anual de Impuestos de personas físicas y morales al mes de septiembre del 2020. Autorizar depreciación acelerada de las compras e inversiones de 2020. Duplicar el subsidio al salario y agilizar los procesos de licitación y contratación de obra pública. 

Al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez le piden diferir tres meses los impuestos sobre nómina y cedulares. Quitar el pago de derechos de registro público a nuevas empresas. Plantean agilizar trámites, alargar plazos a los créditos otorgados por el Estado y apoyos al turismo. 

Lo que piden a los alcaldes es semejante. No sabemos cuánto costaría cada programa al erario federal o a las cuentas estatales y municipales. Lo cierto es que podrían ahorrarse cientos de miles de despidos. 

Pero la federación debe ir más allá de duplicar el apoyo a personas mayores, se necesita  poner dinero directo en las manos de las familias sin ingreso. Muchos preguntan, de dónde saldría y la respuesta es muy sencilla: del mismo lugar que lo harán Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España e Italia: de la máquina de hacer dinero, del crédito público, del balance de cuentas de la Federación.

Si no se hace rápido ese préstamo o entrega a los ciudadanos el 10% del PIB en apoyos, o más. Pronto la llamada 4T será testigo de la inestabilidad social que ellos llaman el “tigre suelto”.

El presidente López Obrador ya lo sintió el fin de semana en Oaxaca. (Continuará).

 

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