Parece inminente el incremento a las tarifas del transporte público en León. En nuestro querido país, los gobiernos han optado por desprenderse de los “problemas” de gestionar los servicios municipales: la basura, el agua y el transporte.
Lo más sencillo ha sido “concesionar” a particulares. Este hecho ha creado las condiciones idóneas, desde hace casi 30 años, para que los gobiernos (el Presidente AMLO los llamaría “neo liberales”) se desprendan del problema, pues se ha mostrado (salvo en países como Francia) que el Estado no es buen administrador de servicios públicos.
Pero lo que sí se ha logrado aquí es que particulares formen oligopolios que sean predominantes, es decir, con altas concentraciones de oferta de transporte y negocien “rudo” con el gobierno, poniéndolo de rodillas.
Así, en México en los taxis, en el transporte urbano, han florecido jugosos negocios de particulares.
Negocios legales, claro. Pero muchas veces, injustos, porque, como en el transporte municipal de nuestro querido León, forman fortunas a costa de la necesidad de transportarse que tienen los sectores sociales más pobres.
Nuestro sistema de transporte en León es ejemplar, es cierto. Ha marcado tendencias tecnológicas en el país, tanto que ha sido replicado en la Ciudad de México, en Puebla, en Guadalajara.
Pero el “modelo de negocio” ha sido el mismo: inversionistas privados que ponen a la autoridad “contra las cuerdas” cada vez que se deben autorizar incrementos de tarifas.
En este espacio hemos presentado las evaluaciones semestrales hechas al SIT por Investigaciones Meridiano y que conocen las autoridades municipales.
Allí se encuentran los factores de satisfacción (estado de las unidades y de las estaciones) y de disgusto para con el servicio (siempre aparece que el diseño de las rutas y la periodicidad de la “oruga” son los principales factores de enojo entre la gente), pero la principal con mucho, es el precio.
El 65% de los usuarios considera que es “caro” el servicio, en tanto que 23% lo evalúa como “justo” y solo 5% como “barato”.
En la encuesta preguntamos sobre la postura de la gente frente al inminente aumento de precios.
En forma contundente, el 83% afirmó que no estaba de acuerdo; y cuando preguntamos acerca de “quién era el culpable” en caso de que esto sucediera, el 35% afirmó que “el Alcalde”, el 29% que los “concesionarios” y 36% que “ambos”.
La gente tiene en el transporte público uno de los tres factores que más afecta su economía, junto con la alimentación y los servicios básicos.
Tiene contacto con el Sistema Integrado de Transporte (SIT) alrededor del 67% de la población leonesa y a un millón de personas les impacta el incremento, pues lo requieren para su vida familiar y laboral.
Por eso, para tres de cada cuatro leoneses, el impacto de un incremento en la tarifa se refleja de inmediato en la calidad de vida de la gente más vulnerable. El incremento digo, es legal, pero es injusto.
Los datos duros que tienen los despachos contables de las empresas y familias que concentran el transporte público en León, es que el negocio es rentable; poco margen unitario, pero con volúmenes grandes.
Aun reinvirtiendo en la renovación de las unidades, sigue siendo un muy buen negocio. El transporte concesionado en México y en León ha producido enormes fortunas.
Legal, es cierto, pero injusto, cuando se hace a partir de la necesidad de la gente que no tiene vehículo particular. Basura, aguas residuales, transporte, el negocio que debería ser colectivo, es para siempre, de unos pocos.
La autoridad municipal es el único, el último recurso que tiene la gente pobre para que proteja su derecho a la movilidad, aún con el incremento nacional a los combustibles.
Salir a las calles pacíficamente es un medio irrenunciable y legítimo para la gente.
Si el Ayuntamiento, los representantes populares, le abandonan y está a merced del concesionario, el pueblo solo tiene el recurso de la protesta para expresar su enojo.
Alguien tiene que hacerle ver siempre al Poder y al Dinero, lo que sufre la gente en la vida diaria, en las calles, en la casa y en la mesa de la familia.
Alguien tiene que alzar la voz para que arriba sepan lo que sucede aquí abajo.
La gente de León es noble; es un pueblo honrado y sereno que aguantará una vez más, el alza al transporte. Sacrificarán gastos para la escuela y la despensa. Optimizarán el uso de la “oruga”.
Los adultos de la tercera edad tendrán en esto, otro sufrimiento más y ninguno tendrá la posibilidad de expresar su descontento por otro medio, si los Observatorios Ciudadanos o las ONG o los medios de comunicación no lo hacemos.
El incremento al transporte es legal; se hace conforme a los procedimientos que permite la ley, pero es injusto.