Hace dos semanas fue formalizada la petición de los concesionarios del transporte público de pasajeros en nuestra ciudad para aumentar la tarifa a los pasajeros.
Los argumentos son el que la tarifa no se incrementa desde diciembre de 2016 y que en ese lapso los costos del combustible, refacciones y otros rubros han crecido.
Al conocerse esta información casi todos los sectores sociales, algunos empresariales y los partidos de oposición se manifestaron en contra de dicho aumento; primeramente, por la ineficiencia y mal servicio que se presta, sobre todo en los paraderos del Servicio Integrado de Transporte (SIT), donde se forman grandes aglomeraciones, por el largo tiempo en la programación de la periodicidad de las salidas de las Unidades, de 30 hasta 50 minutos, todo por la voracidad y el ánimo monetarista de que circulen no solamente al límite del cupo sino verdaderamente abarrotados con sobrecupo, para incrementar las ganancias con un menor costo y desgaste.
Quienes sufrimos esas consecuencias son los usuarios y los empresarios de comercios, oficinas e industrias por la tardanza y el sacrificio de sus empleados.
Es la enésima ocasión en que dedico este espacio periodístico al tema, pues resulta recurrente por el mal diseño o erróneo planteamiento de las rutas, ya que los tiempos que se ahorran en el trayecto de las líneas alimentadoras que trabajan con mayor eficiencia, se pierden en los paraderos de concentración.
Me explicaba una de mis colaboradoras que por ejemplo los autobuses de las líneas San Juan Bosco y La Joya pasan con buena frecuencia y exactitud, desde algunos puntos adyacentes tanto desde las Joyas, pasando por Paseos del Country, Urbi, Brisas del Campestre y Paseo de las Torres.
Pero que en cuanto llegan a la Central de Transferencia del SIT ubicada en la colonia Vibar, es un caos, porque estando ahí las unidades prefieren tenerlas detenidas hasta que se concentre una gran cantidad de usuarios que llenen los camiones sencillos o los articulados, para luego reservarse otros 30 o 40 minutos hasta que se vuelva a concentrar otro gran número de pasajeros para el mismo efecto, pudiendo darles continuidad al menos cada 10 minutos aunque no vayan con sobrecupo y no pierdan el tiempo infructuosamente miles y miles de trabajadores; estas maniobras son inhumanas y nocivas para el buen funcionamiento de una ciudad como León, máxime la extensión de la ciudad y las distancias que cada vez son mayores.
La retórica de las autoridades municipales sobre todo del Director General de Movilidad solo repite y repite que se analizará la petición del incremento a las tarifas y se hará conforme al articulo 152 del Reglamento de Transporte de León, que a la letra reza “Las tarifas que se fijen deberán ser suficientes para cubrir los costos fijos y variables de operación, costos de inversión, el mejoramiento de las condiciones generales del servicio y una utilidad razonable para el concesionario”.
Sorprendentemente, de última hora, el líder del Comité Municipal del PAN, maestro Alfredo Ling Altamirano, derrochando también sensibilidad social, expresó que a nombre del partido que representa, tampoco estaba de acuerdo en el incremento a la tarifa del transporte público.
Y es que no podemos tapar el sol con un dedo, porque aunque el regidor Salvador Sánchez Romero haya defendido que de acuerdo con el Reglamento existe un proceso para debatir el aumento a la tarifa en la Comisión Mixta Tarifaria, la realidad es que la situación económica actual, pero sobre todo la repercusión social, debe de estar por encima de cualquier otro factor, pues el sacrificio económico casi siempre recae en las masas populares, y muy rara vez en las élites del poder económico, independientemente de la falta de trasparencia de algunos rubros que enseguida comentaremos.
Por el tono y sentido de las opiniones oficialistas del gobierno municipal, pareciera que el incremento es inminente y que todo ya se encuentra previamente pactado, para que después del supuesto “proceso” a que se refiere Sánchez Romero, el próximo jueves se anunciará un aumento el cual desataría una ola de protestas de la población cuyas consecuencias no quiero ni imaginar. (A.M. León, sección A, 19, 20 y 21 de junio, páginas, 7, 3 y 3).
El punto crucial de toda esta cuestión creemos radica precisamente en el concepto de “utilidad o ganancia razonable para el concesionario”, como los amables lectores lo habrán podido advertir.
Pues para todos los ciudadanos de León interesados en este servicio concesionado resulta una verdadera incógnita cuánto es lo que ganan los señores del transporte y por mas que se les pregunta en entrevistas radiofónicas, televisivas y de reporteros incisivos e insistentes no ha sido posible que revelen esa cantidad o porcentaje por cada peso que ingresa o reciben, obviamente con la complacencia de la autoridad municipal, pues el Director General de Movilidad, conjuntamente con Daniel Villaseñor Moreno, presidente de los Transportistas Coordinados de León, francamente y con cinismo manifestaron a los medios de comunicación que ellos sí contaban con la información de la ganancia o utilidad de los concesionarios y& bien gracias, no la comparten con nadie, sino que a cada paso evaden esa información, y los ciudadanos nos quedamos en ascuas ¿Cuánto ganan los concesionarios del transporte público en León?
Es tiempo de sacrificios y de apretarse el cinturón en algunos rubros, pero pareciera que no existe el sentido de solidaridad en algunos beneficiarios de las concesiones, esta petición podría hacerla el Alcalde y, en todo caso, si no estuvieran de acuerdo, para evitar levantamientos sociales, ordenar la requisa de todos los bienes del autotransporte y asumir el Municipio el servicio de manera oficial, otorgando un plazo de 10 a 15 años para reintegrar el costo a los concesionarios.
Considero que no habría un Juez Federal que otorgara alguna suspensión a los concesionarios que acudieran a juicio de amparo, precisamente porque quizá no haya otro servicio de mayor importancia para remediar una necesidad social, como sería el transporte por interés público.
Estoy seguro de que los señores concesionarios con nombre y apellido, después de leer esta entrega, pensarán: “que bueno que este columnista no es Presidente Municipal”.