Por más que se desgañiten los políticos mexicanos el próximo sábado en Tijuana, por más que apelen al espíritu nacionalista o prometan defender con la vida la soberanía nacional, el problema no está ahí.
La soberanía se pierde cada vez que tenemos un grave quebranto económico como en los años de 1976, 1982 y 1994. Esa pérdida consiste en quedarnos sin dinero; no poder pagar las deudas contraídas en el extranjero o devaluar el peso al 300%.
Las calificadoras cuyo único trabajo es medir los riesgos de las inversiones miraron ya con recelo la capacidad de Pemex para pagar su abultada deuda. La reducción en nuestra calificación soberana y de Pemex es el resultado del cambio de rumbo que se dio a la empresa petrolera y a la administración pública desde que arribó la llamada Cuarta Transformación.
Se patearon los proyectos de inversión privada y se decidió construir una refinería que distraerá valiosos recursos de la empresa. La solución para Pemex es el aumento de la extracción de petróleo donde lo haya y que lo realice la empresa con la ayuda de capital privado. Así de sencillo.
Las consecuencias de la cancelación del NAIM se dejaron sentir desde el momento de su anuncio, pero fermentan ya la descomposición de la confianza empresarial. Luego viene la inexplicable iniciativa de construir un Tren Maya sin pies ni cabeza, una obra de infraestructura sin estudios ambientales y económicos, donde nadie lo necesita realmente.
Son decisiones que nublan el futuro porque son unipersonales e irracionales, porque están sustentadas en deseos fantásticos y no en números sólidos. Si agregamos la aberración de Santa Lucía, perdemos más. Las calificadoras no son empresas gobernadas por la CIA o por el Departamento de Estado; tampoco obedecen a monopolios que quisieran someter a México para quitarle el petróleo o las “riquezas naturales”, esas son fantasías.
Abrir la frontera sur para que caravanas de extranjeros transiten el territorio hacia Estados Unidos, también vulnera nuestra soberanía y nos pone de cabeza frente a nuestro principal socio comercial. Una decisión humanitaria con extranjeros, tendrá consecuencias inhumanas con cientos de miles de mexicanos que pueden perder su empleo.
El rollo populista que prometía darles trabajo y acogida a cuantos centroamericanos quisieran llegar a México ya tiene consecuencias graves.
Hace dos meses la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se sorprendía de ese flujo migratorio de 70 mil personas por mes. No se daba cuenta que su responsabilidad era detenerlo. No comprendía que eran las palabras del Presidente electo en 2018 las que incentivaban la marea humana.
No sabemos aún qué pasará con la decisión de Trump en el arancel universal del 5%, porque es mercurial y errático. Lo que sí podemos hacer es pedir racionalidad a las decisiones económicas del Gobierno. México no es un reinado, ni un país independiente como tal, ninguno lo es ya en este mundo. Dependemos de la explotación del petróleo para mantener finanzas sanas, dependemos de las exportaciones para mantener nuestra pujante industria manufacturera y dependemos de decisiones atinadas en la administración de nuestros recursos. Eso sí es soberanía. Lo demás es nacionalismo de cuarta.