Hace un par de semanas aquí mismo comenté lo que a los ciudadanos mexicanos nos esperaba en la etapa de las campañas electorales, teniendo en cuenta los antecedentes de lo sucedido en las denominadas precampañas y en el periodo siguiente, en el que se suponía no habría, de parte de los candidatos, propaganda electoral concreta a su favor. Que en las campañas prácticamente se nos aturdiría, por decirlo de una manera sencilla, con la propaganda de los candidatos presidenciales, pero también de alguno de los otros postulantes a otros cargos de elección. Pues bien, de entonces para acá, el Instituto Nacional Electoral que se supone es el máximo “árbitro” en materia electoral por lo que toca al ámbito administrativo, parece que no ha querido quedar rezagado en cuanto a aparecer en los medios de comunicación para hacer valer ese carácter recordándolo de manera exagerada.
Así, cuando las autoridades judiciales electorales le echaron abajo un acuerdo en relación a cierto aspecto del cómputo rápido para el día de la elección, no tuvo el menor empacho en manifestar su inconformidad y considerar que esa decisión dificultaría y haría más complicada la etapa inicial de recuento de los votos. Posteriormente, cuando en algunos lugares de México varios presuntos candidatos o ya candidatos a puestos de elección popular fueron muertos de manera violenta, sin poderse precisar si los motivos eran estrictamente de orden político o había habido la posible intervención del crimen organizado como se podía presumir, el Instituto rápidamente se situó en los medios de comunicación con declaraciones de su presidente, de algún consejero o de otro funcionario en el sentido de que la institución estaría al pendiente de esa circunstancia para evitar la intervención del crimen organizado y solicitar oportunamente la intervención de otras autoridades para la limpieza del procedimiento electoral. En el asunto de los candidatos independientes también su intervención se hace de una manera altamente mediática, porque las razones y motivos que tuvo para no validar miles de firmas que los pretendientes aportaron para sustentar su petición fueron dadas a conocer en forma tal que no sólo se destaca la labor que naturalmente le corresponde conforme a la ley, sino también para hacer notar su posición de superioridad. Ciertamente que la información acerca del tema tenía que darse, pero a mi juicio no en la forma en que se hizo, pues exhibió a estos no sólo como realizando una actuación irregular por incompetencia sino fundamentalmente con el propósito deliberado de engañar valiéndose de trampas que a final fueron descubiertas.
Es evidente que si el Instituto Nacional Electoral, según se desprende de las normas jurídicas que regulan el proceso electoral, es quien debe vigilar la correcta realización de éste, tuvo que intervenir obligadamente para ejercer las atribuciones de que está dotado y para hacerse presente cuando por circunstancias especiales conviene a su prestigio o para dar tranquilidad a la ciudadanía. Era de esperarse, sin embargo, que el árbitro actuara de manera adecuada y sin tratar de atraer los reflectores más allá de la destacada posición que ocupa. Cuando en uno de los casos citados anteriormente critica las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, evidentemente que no contribuye a una mejor relación entre esas instituciones ni tampoco a tranquilizar los ánimos electorales. Similar situación podría decirse en cuanto a la forma un tanto exagerada de abordar el tema de la posible intervención del crimen organizado en algunos aspectos de las elecciones. Ahí debería haberse moderado su declaración para evitar el miedo en relación al tema. Y como ya dije antes, el trato que da a los ciudadanos que pretendían ser candidatos independientes no es precisamente el más mesurado que podría haberles proporcionado sin faltar a la energía que por su propio carácter debe tener.
En fin, parece que en ocasiones algunos de integrantes de los organismos electorales, tratan de hacer sentir su importancia, no tanto con la eficacia de sus servicios, sino con aspectos colaterales que poco o nada les benefician, pues contribuyen a la desconfianza que en algunos temas la ciudadanía tiene al respecto.
Cito, algo distinto a lo electoral, pero con referencia a la confianza ciudadana. El hecho de que una de las consejeras del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Ximena Puente, renunciara a su cargo para postularse como diputada plurinominal por el PRI en las próximas elecciones. Si se supone que los integrantes del Instituto mencionado fueron designados precisamente por su carácter independiente a los partidos políticos y al gobierno, el hecho anterior contribuye a las sospechas que en los medios se dan, acerca de las “cuotas” por partido en las designaciones de los integrantes de algunos de los organismos autónomos.
Cambio de tema. Gracias al patrocinio privado y a las facilidades de la editorial tiene Irapuato una librería del Fondo de Cultura Económica en el edificio del CREA. Felicidades.