Una vez más el Instituto Nacional Electoral por medio de su presidente Lorenzo Córdova ha manifestado inconformidad con otra de las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En efecto, el mencionado presidente ha declarado a los medios en entrevistas con los mismos, que la decisión del tribunal citado antes viene a complicar las cosas pues impedirá que los resultados previos de las elecciones que se realizarán en julio del presente año se puedan conocer, como ha venido sucediendo, el mismo día alrededor de las 23 horas, tomando como base las encuestas de salida y el llamado conteo rápido. Que lo establecido en la determinación judicial hará que ese resultado previo sea conocido hasta las cinco o seis de la mañana del lunes, con la consecuencia de que no habrá posibilidad de que el mismo día se sepa quién se perfila como el ganador, estableciéndose así un período mayor de inseguridad o incertidumbre que permitirá que los distintos partidos políticos puedan manifestarse, cada uno por su parte como ganador, con las correspondientes expresiones públicas y sus problemas consiguientes.
También, algunos de los analistas políticos de los medios han considerado que, en efecto, esa determinación del tribunal electoral contribuirá a que el tiempo de incertidumbre se alargue por algunas horas y que eso no parece que sea conveniente para darle claridad y transparencia al proceso electoral en esa fase.
La decisión tomada por el Tribunal Electoral parte fundamentalmente de la circunstancia de que la forma como el Instituto Electoral reguló lo relativo al conteo de algún tipo de casilla no es correcta y que esa base reglamentaria excede a las facultades de ese Instituto.
Independientemente de quién tenga razón, es evidente que lo resuelto por el Tribunal Electoral tendrá que cumplirse y el Instituto Electoral tendrá que ajustar sus determinaciones al contenido de aquella resolución. Una vez más la autoridad electoral da a conocer en forma ríspida su falta de conformidad con la última de las decisiones siguiendo la línea de lo sucedido con otras anteriores. También algunos de los actores políticos, concretamente los partidos políticos, han venido cuestionando algunas de las decisiones de la mencionada sala superior. Así parece que se está comenzando a gestar algo que no sé si pueda llegar a modificar en algún aspecto importante la judicialización de la política en México al grado a que ha llegado.
Habría que recordar que tradicionalmente los poderes judiciales ejercen su competencia únicamente en los asuntos y conflictos entre particulares y en el ámbito de la jurisdicción penal. Los conflictos administrativos y los políticos eran resueltos fuera de los tribunales judiciales, aunque en algunas ocasiones los encargados de hacerlo tomaran figuras muy parecidas a las de un tribunal judicial. Pero prácticamente desde principios del siglo pasado las inquietudes democráticas y la insatisfacción ciudadana, en países europeos y en los Estados Unidos, con la manera de resolver aquellos conflictos, fueron tomando formas judiciales y se incorporaron a los poderes judiciales, sobre todo en la materia de aquellos derechos que ahora se conocen como derechos humanos, abriéndose la puerta de la judicialización a asuntos que antes estaban vedados a los poderes judiciales. Pasaron pues a su competencia, no sólo en lo tocante a su interpretación en el ámbito constitucional, sino también para defender derechos frente al poder público y para obligarlo a cumplir con las obligaciones derivadas de sus derechos. Pero de una manera particular lo que desde mucho tiempo atrás se había venido evitando, que el poder judicial resolviera asuntos políticos, ahora es normal. Por supuesto que aún en la actualidad no a todos convence el gobierno de los jueces, ni mucho menos la judicialización de la política. Aquí en México también poco a poco el poder judicial, sobre todo el de la Federación en su carácter de único intérprete de la Constitución y de todo lo que concierne a ella, amplió su competencia y ahora, puede decirse que salvo excepción ningún asunto le está vedado conocer.
Sin embargo, los constantes roces que últimamente se han dado entre el Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior del Tribunal Judicial de la Federación parecen sugerir que el primero no está de acuerdo con la vigilancia judicial y así lo deja ver, pues incluso veladamente menciona probables problemas en próximas elecciones y también que la responsabilidad sería de quien dictó la resolución controvertida. Podríamos decir que el Instituto “se cura en salud”. También hay algunos analistas políticos que están por la modificación de las actuales leyes electorales, no dicen que específicamente sea para restar la intervención judicial, pero dependiendo de lo que suceda en las próximas elecciones, no sería raro que ese tema se pusiera en la mesa, pues algunos de aquellos se manifiestan pesimistas en lo relativo al manejo de los seguros conflictos electorales en las próximas elecciones por las autoridades y árbitros que deberán intervenir. ¿Disminuirá en México el gobierno de los jueces en materia político-electoral después de las próximas elecciones?