Márquez y Édgar, a poner orden
Después de una semana de dimes y diretes el alcalde Édgar Castro y el gobernador Miguel Márquez, ‘fumaron la pipa de la paz’ en el tema de La Bufa.
La grilla la abrió el diputado local del PAN, Alejandro Navarro Saldaña, cuando en diciembre anunció que el Municipio tenía escondido el dictamen del Instituto Estatal de Ecología con los resultados de la poligonal establecida por Gobierno del Estado para proteger la zona de La Bufa.
Así que ni tarde ni perezosos desde el Municipio se informó a los ciudadanos que los resultados del Instituto de Ecología, coordinado por Ana Carmen Aguilar Higareda, no fueron satisfactorios pues el Estado se negaba a declararlo como Área Natural Protegida y la recomendación es que fuera el Ayuntamiento el que lo catalogara como una Zona de Conservación Ecológica Municipal.
Se comenta que de inmediato se invitó a funcionarios estatales a presentar sus resultados al Municipio, en una sesión que primero sería privada con integrantes del Ayuntamiento, pero al final se abrió al público y a la cual asistieron grupos ecologistas, entre ellos Enrique Avilés Rodríguez, presidente del Consejo Ecologista Guanajuatense y ciudadanos independientes.
A esta sesión acudieron el Alcalde así como los síndicos Ramón Izaguirre Ojeda por el PRI y Marco Antonio Carrillo Contreras por el Partido Verde Ecologista de México. Además de los regidores el ecologista Carlos Ortiz Montaño y los priístas Gabriela Cárdenas Vázquez, Adrián Camacho Trejo Luna, Gabino Carbajo Zúñiga y Iovana Rocha Cano. De los panistas pasaron lista Juan Carlos Delgado Zárate, Luis Guillermo Torres Saucedo y Samantha Smith Gutiérrez, quienes defendieron a capa y espada las decisiones del Estado.
Por el resto de la oposición estuvieron en esta reunión los regidores del PRD Silvia Rocha Miranda, Julio César García Sánchez y Julio Ortiz Vázquez.
La gran ausente fue Ana Carmen Aguilar Higareda, quien dejó plantado al Ayuntamiento, al parecer sabía que en esta reunión no se iba a llegar a nada y sólo habría reclamos al Estado.
Hasta el viernes pasado, Márquez y Castro hicieron las paces después de sobrevolar la ciudad para constatar el daño por el crecimiento irregular de la ciudad.
En consecuencia ahora se debe poner orden, y la primera acción que acordaron fue proteger La Bufa, con una poligonal de alrededor de mil 200 hectáreas.
Se comenta que el segundo acuerdo fue terminar con las descalificaciones para entrar a un plan de rescate de La Bufa y la ciudad.
Y se dice que el tercer gran acuerdo fue que el Gobernador del Estado se comprometió a realizar una serie de obras en la capital para mejorar la movilidad, entre ellas: Iniciar el ramal de Cervera a la glorieta Santa Fe, rehabilitar la arretera Panorámica, construir un par vial al bulevar Euquerio Guerrero para terminar en el acceso Diego Rivera, así como mejorar la iluminación de la ciudad.
Así que después de esta plática a grandes alturas, ambos salieron a declarar que se protegerá a la zona de La Bufa, para ello se trabajará de manera conjunta en declarar las inmediaciones de este cerro como Zona de Conservación Ecológica, ahora hay que atender a los alcances que tenga esa declaratoria.
Así que al parecer esta telenovela llegó a su fin.
Empresarios ponen lupa al Gobierno
Los dos grupos empresariales de León tienen listos sus proyectos de trabajo 2016. El Consejo Coordinador Empresarial (CCEL) que comanda el ingeniero Gustavo Guraieb, y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) del Bajío, de don Ricardo Alaniz.
Ambos tienen en su agenda ‘poner la lupa’ a los gobiernos Estatal y Municipal.
El CCEL está metido de lleno en empujar la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. El martes pasado, en privado, se reunió con el alcalde Héctor López una representación de quienes trabajan en esta idea para avanzar en los ‘cómos’ del proyecto que pretenden echar a andar en breve.
Ahí estuvieron: Gustavo Guraieb; Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León; Antonio García, consejero del OCL; José Alberto Castro Vera, presidente de Coparmex zona León, y Rocío Naveja, la rectora de la Universidad Humani y propuesta para encabezar la Mesa.
Y, a nivel Estatal, el Consejo Empresarial tiene interés en el proyecto que echaron a andar con la Secretaría de Desarrollo Económico titulado “Hacia una nueva política industrial en Guanajuato”, que no es otra cosa que ver la manera en que las inversiones extranjeras que han llegado y seguirán llegando, contribuyan al desarrollo de las empresas del terruño.
Esta semana, el despacho Idom Consulting, al que contrataron para este estudio, presentará a los dirigentes de los cinco consejos coordinadores empresariales: León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende, y a funcionarios encabezados por el secretario Guillermo Romero Pacheco, un primer avance del diagnóstico del impacto socioeconómico de la inversión en los últimos 20 años.
En coordinación los cinco empresarios también darán seguimiento a los índices de inseguridad que preocupan y a la creación de la nueva Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior.
En Concamin Bajío, el empresario de la vivienda, Mario Medrano Lozano, tiene agendado poner especial atención en los siguientes proyectos que no deben retrasarse más tiempo, como: El acueducto El Zapotillo, el Libramiento Ferroviario de Celaya, el Centro de Exposiciones de Moroleón-Uriangato, y otras obras de infraestructura carretera regional.
Pero no sólo quieren ocuparse en obras, Concamin ha encargado al ex presidente de Anpic hoy Apimex, Carlo Benedetti, revisar cómo está funcionando la Aduana del Puerto Interior de Guanajuato, y al empresario hotelero, Eduardo Bujaidar, todo lo que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional del Bajío que ya no está a la altura de lo que se demanda.
Y, para darle mayor impulso al plan, Ricardo Alaniz y Javier Plascencia, vicepresidente de Concamin Nacional y dirigente de los zapateros en Guanajuato, echaron a andar el proyecto de integrar en la Concamin Bajío a organismos de los estados de Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.
Encerrona panista
Los 19 diputados locales panistas tuvieron una encerrona lunes y martes para cerrar filas y afinar la agenda de trabajo del periodo legislativo que comienza el 15 de febrero.
Los azules que coordina el médico-político, Éctor Jaime Ramírez, se reunieron en San Miguel de Allende. Los acompañó el presidente y secretario general del Comité Estatal, Humberto Andrade y Alfonso Ruiz, respectivamente. También comió con ellos el martes el gobernador Miguel Márquez.
El miércoles volverán a reunirse en Silao para afinar los detalles de la agenda
legislativa.
De entrada los panistas ‘echarán toda la carne al asador’ en el comienzo del periodo para sacar la iniciativa de Ley de Movilidad, la cual incluye regular el servicio de plataformas como Uber. Y otra prioridad es el Sistema Estatal Anticorrupción, iniciativa que el PAN presentó en el pasado periodo.
Dos leoneses tienen el encargo de sacar adelante ambos asuntos: Juan Carlos Muñoz Márquez el de Movilidad, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, y Ricardo Torres Origel la de anticorrupción, como titular de la Comisión de Gobernación.
Los panistas pretenden también ‘poner en la báscula’ las leyes vigentes, en particular las recientemente aprobadas, para saber si en realidad están sirviendo de algo y qué hace falta para que sean útiles. Como ejemplo, lo que ocupará un análisis a fondo es el Código Territorial para el Estado y los Municipios.
Y, para no dar paso a la grilla interna, Ramírez Barba les presentó estados financieros. De esta manera evitó reclamos como los que recibió en su momento Gerardo Trujillo.
Al final, por iniciativa del diputado de San Miguel, Juan José Álvarez, los diputados se fueron a correr 5 kilómetros… más de alguno se quedó sentado en el primer kilómetro.