La prisión de Aguaruto, ubicado en Culiacán, es una “coladera”. En 8 años se han escapado 34 presos en 11 casos de fugas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
Prueba de ello, expuso, es que desde 2010 a 2018 se han registrado tres intentos de evasión, 10 fugas y 32 evadidos; a esas cifras se añade el último caso registrado el pasado domingo cuando Julián Grimaldi Paredes, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, y Carlos Jesús Salmón Higuera, líder de sicarios de Los Mazatlecos, ligado a los Beltrán Leyva, salieron del penal por la puerta principal vestidos de custodios, y después de cruzar seis filtros de seguridad.
Antes de esa evasión, el 16 de marzo de 2017 se fugaron cinco presos ligados al Cártel de Sinaloa, entre ellos Juan José Esparragoza Monzón, “El Negro” o “El Azulito”, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”.
“Sobre el Centro Penitenciario ‘Aguaruto’ de esta ciudad pueden señalarse múltiples circunstancias que revelan no sólo su vulnerabilidad, sino también las condiciones idóneas que le caracterizan y que imposibilitan para cumplir la finalidad de la pena de prisión, y aún de la prisión preventiva”, se indicó en el documento enviado en mayo pasado a la CNS.
“En él se protagonizan constantemente incidentes que trastocan la seguridad, como lo son, entre otros, riñas, homicidios, supuestos homicidios y fugas”.
La fuga de “El Azulito” provocó que el Gobierno de Sinaloa comenzara a realizar inversiones millonarias para reforzar la seguridad y evitar delitos, como la compra de inhibidores para señal de telefonía, tras detectarse que desde el penal se realizan llamadas telefónicas para cometer actos ilícitos.
Las autoridades estatales asignaron un contrato por 4 millones 200 mil pesos para la adquisición de un sistema inhibidor para las cárceles de Culiacán y Mazatlán.
Posteriormente, se hizo la instalación de videocámaras conectadas al Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i).
Por último, se hizo la construcción de un módulo de máxima seguridad dentro del Penal, a través de una adjudicación directa con la empresa P&M Construcción y Urbanización, S.A. de C.V.
El costo de la obra fue de 41 millones 183 mil 067.01 pesos, pues esta incluyó las áreas para los internos, un centro de videovigilancia y sistemas de telefonía, televisión y control remoto coordinado con C4i.
Fermín Hernández Montealegre, Secretario de Seguridad Pública del Estado, señaló que mientras se tenga la posibilidad de corromper al personal de seguridad interna, el penal seguirá siendo vulnerable pese a todas las compras que se puedan hacer.
“Se construye un área con mayor control, con videovigilancia y con espejo en C4 hasta ciertos puntos; sin embargo, a pesar de toda esa estructura, la estructura física, que está adecuada para que no se escape nadie, la falla la tenemos en el factor humano”, expresó.