El Presidente Enrique Peña Nieto sufrió ayer la desaprobación de su Gobierno en las urnas.
Hace seis años, tras dos sexenios de gobiernos panistas, el mexiquense recuperó la Presidencia de la República para el PRI con el 38.2 por ciento de la votación, y superó por siete puntos a su contrincante Andrés Manuel López Obrador.
En su primer año de gestión, su nivel de aprobación se ubicaba en 50 por ciento —de acuerdo con encuestas de Grupo REFORMA—, sin embargo, a unos meses de concluir su periodo apenas alcanza el 25 por ciento. Es decir, 8 de cada 10 mexicanos reprueban su gobierno.
El sexenio del Mandatario ha estado marcado por la impunidad, inseguridad, violencia, corrupción, conflictos diplomáticos, inconformidad social y por desastres naturales.
Considerado en su momento como la cara del nuevo PRI, el integrante del legendario Grupo Atlacomulco, arrancó su Presidencia logrando lo impensable: aliarse con el PAN y PRD para aprobar las llamadas reformas estructurales, algunas de ellas inimaginables por su trascendencia, como la energética.
Durante sus 21 primeros meses de gestión, los triunfos políticos de Peña Nieto se mezclaron con desgracias, como la muerte de 37 personas por la explosión en la Torre de Pemex o los huracanes que azotaron en diversas regiones, dejando 163 muertos.
Pese a los excesos de las Fuerzas Armadas registradas durante operativos en ese mismo lapso de tiempo, como el fusilamiento de civiles en Tlatlaya, el Mandatario presumía una baja en la incidencia delictiva. Sin embargo, en 2016 tuvo que reconocer que ese logro fue efímero, debido a que las cifras comenzaban a revertirse.
La debacle
La crisis más fuerte para el Gobierno peñista llegó el 26 de septiembre de 2014, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero. Tras dos días de silencio, y luego de que la prensa le insistió para que diera su posición, responsabilizó de los hechos al Gobierno estatal.
Ese fue el tono de su discurso los siguientes meses: la Federación ayudará a todos los estados que se encuentren en una situación de debilidad institucional, sin embargo, el Gobierno no debe sustituir la responsabilidad de la autoridad local.
Con ese problema encima, el 8 de noviembre de ese año se hizo público que su esposa, Angélica Rivera, poseía una residencia en las Lomas de Chapultepec, con un valor de 84 millones de pesos, junto con Grupo Higa, empresa beneficiada con obras federales.
Desde entonces, el Presidente no ha logrado revertir los señalamientos de impunidad. En el caso Ayotzinapa, pese a las decenas de detenidos, no se sabe hasta el momento qué sucedió con los jóvenes.
Aunque se presume como un Mandatario que lucha contra la corrupción, en su Gobierno ningún funcionario de alto nivel ha sido sancionado. Tal es el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.
En 2015, uno de sus mayores logros, la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán se desmoronó al fugarse el 12 de julio, cuando él se dirigía a París, Francia. Lo recapturaron meses después, y optó por aceptar su extradición a Estados Unidos.
Pese a gastar alrededor de 8 mil millones de pesos en publicidad cada año y una estrategia digital a cargo de Alejandra Lagunes, la Presidencia no consiguió frenar la antipatía por el mexiquense.
Desde 2016, el Gobierno lanzó la campaña “las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho”, en un intento por convencer a los mexicanos de que hay “logros históricos” en su Gobierno.
E incluso, ante las críticas, el Presidente ha subido el tono de reclamo por no valorar sus acciones gubernamentales y ha exigido razonar su voto, no sufragar con “la víscera” o desde el enojo social.
Sin embargo, nuevamente el 31 de agosto su Administración fue objeto de severas críticas luego de recibir en Los Pinos como jefe de Estado al todavía candidato republicano Donald Trump.
La sucesión
Como el principal líder priista, no cohesionó a su partido, por el contrario, lo fragmentó más con el palomeo de candidaturas en elecciones intermedias y la designación de Enrique Ochoa —un miembro de su gabinete ajeno a la vida partidista—, como líder del partido tricolor.
Desde julio de 2017, dio “luz verde” a seis Secretarios para que compitieran por la candidatura del PRI a la Presidencia, generando encontronazos entre ellos. Y dejando fuera a otros competidores.
A finales de diciembre se acordó que sería José Antonio Meade, quien, afirman funcionarios, pensaban atraería a sectores contrarios al priismo.
En la repartición de candidaturas, dirigentes contrarios a Peña Nieto acusaron de “agandalle” al grupo de Luis Videgaray, conocido como “los itamitas” por ser egresados del ITAM, por lo que la mayoría de candidatos son afines a ese equipo.
Con estas fracturas y el descontento social, el Presidente votó ayer a su sucesión.