El sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto registra los más altos índices de desaparición de niños, niñas y adolescentes, denunciaron organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, este sexenio ha sido el más violento en el número de desapariciones para la niñez y adolescencia mexicana, ya que cerca del 70 por ciento fueron vistos por última vez durante el periodo de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, mientras que el 29 por ciento restante que ha sido reportado desapareció en el Gobierno de Felipe Calderón.
El periodo en el que ha desaparecido el 98.2 por ciento de niños, niñas y adolescentes —subrayaron— coincide con el cambio de política de seguridad de los últimos años y es que, de 2006 al 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3 mil 217 niñas y 2 mil 235 niños de entre cero y diecisiete años, como desaparecidos, cifra que representa el 18 por ciento de los casos registrados de desaparición en México.
Mientras que, hasta enero de 2018, únicamente están reportados 16 mil niños, niñas y adolescentes extranjeros en el RNPED.
Oficialmente, 34 mil 739 personas están registradas como desaparecidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), pero advirtieron que la información de personas desaparecidas en México está dispersa y descoordinada.
En conferencia de prensa, Michael Chamberlain, titular del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, señaló que este sexenio tiene los más altos índices de desaparición de niños, niñas y adolescentes, debido a la fallida política de seguridad que persisten en el País.
“Tiene que ver con la continuidad de la estrategia de seguridad, no podemos descontextualizar que el inicio de esta cantidad de víctimas viene cuando se inicia, con Calderón, la estrategia de atacar militarmente a los grupos criminales y éstos, lo único que han hecho es venirse fortaleciendo.
Hemos señalado que la estrategia de seguridad lo único que está haciendo es combatir el fuego con gasolina y esto ha generado un ambiente de inseguridad como el que vemos, por eso la Ley de Seguridad es tan preocupante”, expresó Chamberlain.
Aunado a la fallida estrategia de seguridad, en este sexenio se han reportado los más altos índices de desaparición de menores por la creciente impunidad, enfatizó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
“Por una parte tiene que ver con la estrategia de seguridad fallida que existe en el País, pero también por la cifra de impunidad que rebasa el 95 por ciento de los casos. Ese es un mensaje que se manda cuando no se sanciona a quien comete un delito, de permisibilidad. Hay un fracaso en las políticas de investigación y de búsqueda”, agregó Delgadillo.
Lucía Chávez, directora del Área de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, detalló que la Procuraría tiene abiertas 732 investigaciones, entre averiguaciones previas y carpetas de investigación, y mil 107 denuncias en Fiscalías de los Estados, sobre personas desaparecidas pero no se especifica cuántas corresponden a menores.
Ismael Eslava, Primer Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que el RNPED carece de una metodología para la atención, investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
“La falta de metodología adecuada hace que no se pueda establecer con certeza de cuántos casos estamos hablando de desaparición forzada y desaparición por particulares, pero más grave aún, en este Registro se utiliza de manera indistinta ‘persona desaparecida’, ‘persona ausente’, ‘persona no localizada’.
“Uno de los puntos específicos que se recomendó a todas las autoridades del País fue precisamente un análisis de contexto situacional para conocer cuáles son las causas específicas que generan este delito”, apuntó Eslava.
Ante la realidad de la niñez y adolescencia en México, las organizaciones recordaron que en 2017 presentaron una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, la cual fue retomada por el mismo Grupo en su informe anual de febrero de 2018, destacando que en el Estado mexicano existen obstáculos para que los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de desaparición puedan gozar de sus derechos.
Para atender los casos de desaparición de menores, las organizaciones recomendaron: respetar el interés superior del niño y la niña, fortalecer los mecanismos existentes de alerta temprana búsqueda urgente con la adopción de medidas especiales que tomen en cuenta la dimensión trasnacional del fenómeno de desaparición, la efectiva implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y fortalecer el papel fundamental de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Quiero que venga mi papi”
A los cuatro hijos de María Ángela Juárez Ramírez, originaria de San Luis de la Paz, Guanajuato, se les desapareció su papá, Valentín Alamilla Camacho.
El 21 de marzo de 2011 lo vieron partir a Estados Unidos y ya nunca más se comunicó.
Valentín, el mayor de sus hijos, tenía 11 años; Ana Lidia tenía 8; Ricardo tenía 5; e Isaías tenía cinco meses de gestación.
Isaías, quien conoce a su papá sólo por foto, insiste en que quiere abrazarlo y hasta sueña con él.
“Mi hijo me dice: ‘Yo quiero ver a mi papi solamente para abrazarlo’. Un día se despertó llorando y me dijo ‘es que soñé con mi papi’, yo por eso insisto en que tengo que encontrar a mi esposo”, dice María Ángela.
María Ángela recuerda que un mes después de la desaparición de su esposo, le pareció verlo en las noticias cuando, en la televisión, se anunció el rescate de 73 migrantes en Reynosa, Tamaulipas.
Mientras ella veía la noticia, el mayor de sus hijos también se entusiasmó con la idea de volver a ver a su papá.
“Yo al ver a ese grupo pensé ese es mi esposo y mi hijo mayor al verlo, su reacción fue: ‘mami, mami, verdad que ese es mi papi’, después tuve que llevar a mi hijo al psicólogo porque ya no quería vivir”, dice María Ángela.
Su hija Ana Lidia, prefiere no hablar de su papá para no llorar y su hijo Ricardo sigue preguntándose qué pudo haber pasado con su padre, cuenta.
De 2011 a la fecha, María Ángela ha recorrido reclusorios, ministerios públicos y hasta investigó si el cuerpo de su esposo estaba entre los cuerpos que rescataron en San Fernando, Tamaulipas, pero no hay noticias de Valentín.
Lo que sí logró es ubicar a los familiares de otras personas que también viajaban con su esposo rumbo a Estados Unidos. En total, dice, se estima que eran 22 migrantes.
En las investigaciones, señala, se presume que fueron secuestrados por miembros del crimen organizado quienes reconocieron al ‘Coyote‘ que los llevaba hacia Estados Unidos y le obligaron a entregar al grupo de migrantes guanajuatense, la mayoría jóvenes. No obstante, señala, no hay ninguna prueba que les permita asegurar esta hipótesis.
Con una fotografía de su esposo colgada en el cuello, María Ángela asegura que sus hijos no tiene motivo para estar felices este 30 de abril.
“Cómo puede uno celebrar el Día del Niño si mis hijos no tienen a su papá que es lo que ellos más quisieran. Ellos me dicen en la noche, ‘mami quiero que venga mi papi’.
“Yo no voy a descansar de buscar a mi esposo hasta que las autoridades me den una respuesta de qué pasó con él”, afirma María Ángela.