En el caso de tres personas desaparecidas en 2009 que es discutido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la representación del Estado mexicano informó que investiga que delincuentes hayan usado uniformes de militares para realizar los plagios.
De acuerdo con familiares, Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera fueron sustraídas por agentes del Estado en el Ejido Benito Juárez en el Municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009.
Mariana Colín Ayala, agente del Ministerio Público de la Federación, encargada de la integración de la averiguación previa, señaló que el expediente, que todavía está abierto, tiene tres líneas principales de investigación.
“La del Ejército mexicano, la de la Policía federal y la de delincuencia organizada”, expuso al testificar frente a la Corte este jueves.
“En averiguación previa se ha podido documentar que la delincuencia organizada tiene igualmente dentro de su modus operandi, a efecto de evadir la justicia y generar un estado de confusión, el uso de ropa militar o de cualquier otra corporación policial”.
La representante de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada detalló que la PGR ha llevado a cabo mil 300 diligencias, de las cuales 172 son declaraciones ministeriales, 15 informes policiales, 98 dictámenes, 454 solicitudes de información, 30 inspecciones ministeriales y 13 diligencias de búsqueda.
Aunque aseguró que la línea de que fueron elementos del Ejército mexicano es en la que más se ha trabajado, Colín destacó la relevancia del uso de uniformes militares por parte de miembros de la delincuencia organizada.
También detalló que cuando se llevaron a cabo las desapariciones ya no se realizaba ningún operativo en el Ejido Benito Juárez.
“Dentro del expediente hay diversas testimoniales que hacen alusión a que a la fecha de la desaparición ya no había presencia militar en el Ejido”, comentó Colín.