La próxima administración federal debe dar mayor peso a la prevención en su estrategia de seguridad, coincidieron expertos en el foro “La seguridad pública que a México le urge”.
Alejandro Hope afirmó que si bien los gobiernos del país han invertido en prevención, estos proyectos deben estar más focalizados en poblaciones específicas donde hay mayor propensión a cometer delitos, para que se traduzca en menor incidencia delictiva, por ejemplo, usuarios de heroína o programas de reinserción social.
“Por lo regular, los escopetazos presupuestales no son la mejor manera de frenar los escopetazos físicos”, afirmó.
Dijo que, considerando que sólo una proporción muy pequeña de la población es responsable de la violencia criminal (120 mil personas en un país de 120 millones de habitantes son responsables de 80 por ciento de los actos de violencia criminal), los programas de prevención demasiado amplios pueden ser un desperdicio de recursos, por lo que es necesario focalizar.
“La inmensa mayoría de los pobres, de los ninis, de los marginados, de los desempleados, no roba, no extorsiona, no secuestra y no mata”, puntualizó.
Señaló como positivas intervenciones sociales que reduzcan de manera significativa el consumo de alcohol (restricción de puntos u horarios de venta o incremento de precios), o escuelas de tiempo completo en comunidades con altos índices delictivos, pues hay mayor supervisión a adolescentes.
Afirmó que estos programas complementan, mas no sustituyen, las acciones de las instituciones de seguridad y justicia.
Juan Salgado, académico de CIDE, dijo que hay que dejar atrás el enfoque criminológico y pasar a uno de daño social y victimización que tome en cuenta la realidad de las comunidades.
“Las autoridades tienen mucho conocimiento en términos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, pero la comunidad conoce su realidad, entonces para que funcione tiene que ir por ambas partes”, subrayó.
El especialista retomó datos de la Encuesta de Centros Penitenciarios Federales del CIDE (2012), la cual señala que 25 por ciento de las mujeres presas tiene a su pareja masculina en la cárcel, lo que permite ver trayectorias delictivas familiares, y que 28 por ciento de los internos varones dejaron su hogar al menos una vez antes de los 15 años, de los cuales 41 por ciento tenía entre 6 y 12 años, lo que permite ver algunos factores de riesgo.
Desde un enfoque de daño social, puntualizó, se deben considerar iniciativas como la policía de proximidad, que permite orientar a la policía a problemas sociales a través de procesos de consulta, y las de justicia cívica, en la que los jueces tengan un papel más pedagógico.
Explicó que no hay traje de talla única para resolver el tema de la inseguridad en el país, pues las ciudades viven distintos momentos de violencia.
“Un municipio como Guadalupe, en Nuevo León, está prácticamente en una etapa de post conflicto, ya salieron Los Zetas, y están viendo cómo reconstruyen a la sociedad después de esta violencia, qué hacen con todos estos jóvenes que dejaron de trabajar para el Golfo pero que ahora están en otras actividades delictivas. Comparemos eso con Acapulco, con Apatzingán, que están en el pico de la violencia, entonces no podemos tener una respuesta única”.
Elías Raffel alertó que el país vive una situación de emergencia, por lo que se debe poner la seguridad en el centro.
Expuso que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno invierte 58 mil millones de pesos para pagar policías estatales y municipales, lo que representa 15 por cierto de lo que gasta en maestros y 18 por ciento de lo que eroga en personal médico.
En 25 años, dijo, los millones de pesos que se han destinado a la seguridad jamás han ido a parar a las policías.
Lamentó que para este año se hayan aprobado 16 mil 500 millones de pesos más para las Secretarías de Defensa y de Marina, cuando no se invierte en las policías.
Resaltó que se debe dejar atrás el mito de que lo que se necesita es mando único o menos corporaciones policiacas.
“Lo que realmente queremos es mayor eficiencia policial, corporaciones profesionales y corporaciones homologadas, y eso no necesariamente pasa por que se haga un mando único o si son menos corporaciones”, enfatizó.
Actualmente, advirtió, el tema de la política social se vincula a la inseguridad pero casi a manera de concesión.
Eunice Rendón, ex subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Gobernación, advirtió que los esquemas de prevención no han sido prioritarios para las administraciones federales.
Dijo que se necesita institucionalización en esos temas, pues ni todos los militares ni todos los policías podrán acabar con la inseguridad si no hay una estrategia preventiva.
Rendón se pronunció por una mayor coordinación entre todas las instancias que trabajan el tema de seguridad, desde la prevención hasta la reinserción social, pues todo está actualmente aislado.
En este panel también participaron Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega.