La Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo presentó siete denuncias penales ante la Fiscalía del Estado contra funcionarios de la administración del ex Gobernador Roberto Borge, informó el titular de la dependencia, Rafael del Pozo Dergal.
Agregó que se alistan otras 20 denuncias, que en su conjunto suman un daño patrimonial cercano a los cuatro mil millones de pesos.
Se reservó los nombres de los funcionarios denunciados y el detalle del resultado de las auditorías practicadas a la gestión borgista, para evitar, argumentó, que los implicados busquen amparos o se conviertan en prófugos.
“Vienen nuevas denuncias, se han estado presentando, en las últimas semanas hemos presentado alrededor de siete denuncias más, vienen otras tantas, todavía están pendientes 20 denuncias, las estaremos presentando en las próximas semanas, de las que no estamos dando cuenta puntual por lo que debe prevalecer en las investigaciones”, indicó en entrevista con diversos medios.
Reforma publicó que la Auditoría Superior de esa entidad del sureste interpuso en agosto pasado 27 denuncias penales ante la Fiscalía local en contra de 84 funcionarios estatales y municipales que se presume participaron en el desvío de recursos en el sexenio pasado.
El desfalco fue estimado por el organismo fiscalizador en unos 11 mil millones de pesos.
Luego de estas denuncias, la gestión de Borge en Quintana Roo sumaría 54 denuncias con las anunciadas por la Contraloría por un daño patrimonial al estado de alrededor de 15 mil millones de pesos.
Del Pozo informó en Quintana Roo que las nuevas denuncias consideran ejercicios irregulares en áreas que no habrían sido consideradas antes, principalmente en el rubro de Salud.
De septiembre a la fecha han sido detenidos ocho ex funcionarios que están en la cárcel o enfrentan su proceso en libertad.
Luego de ser extraditado desde Panamá, el ex Gobernador priísta de Quintana Roo fue vinculado a proceso por lavado de dinero y, ante el riesgo de fuga, se le dictaron seis meses de prisión preventiva.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) exhibió 89 pruebas ante el juez José Artemio Zúñiga, en las que manifestó que Borge encabezó una red de operaciones con recursos de procedencia ilícita, beneficiando a familiares, amigos y cercanos con unos terrenos, entre otros delitos.
La pena que podría alcanzar sería de hasta 15 años de cárcel. Sin embargo, por otros delitos, como aprovechamiento ilícito del poder y peculado, la pena se elevaría a más de 38 años.