La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció a las autoridades del Municipio de Mecatlán, Veracruz, por no actuar contra un hombre acusado de violar a una menor indígena de la comunidad de Manantiales.
En 2015, cuando ella tenía 16 años, su padre denunció la agresión, pero el subagente municipal se rió y pidió que volvieran después para llegar a un acuerdo.
Al día siguiente, el papá solicitó en el Ayuntamiento ayuda para ir a la Fiscalía Especializada de Papantla, sin embargo, en la patrulla en la que los trasladaron iban el presunto violador junto con su padre, dos policías de Mecatlán y el subagente que se había burlado de la denuncia.
En el trayecto se desviaron hacia un campo deportivo, donde los esperaba un abogado, quien, junto con los agentes, intentó negociar con la niña.
“No me mandes a Papantla, me van a matar”, le pidió el agresor a la víctima, según narró ella misma a la CNDH.
“Comenzó a llorar; me ofreció dinero y me dijo que me compraría un solar (un terreno)”.
En tanto, los policías y el abogado le dijeron que se casara con él, a lo que la niña y su padre se negaron.
“Me tuvieron en ese lugar como una hora (hasta que) el chofer de la policía recibió una llamada y al término dijo ‘vámonos, ya los están esperando en Papantla y si no la llevamos van a venir por ella'”, agregó la menor.
Ya en la Fiscalía, el agresor nunca fue requerido, y las víctimas pasaron ahí toda la tarde.
Cuando regresaron a su comunidad, se enteraron de que el presunto violador había huido a un poblado vecino.
Por estos hechos, la Comisión Estatal de Derecho Humanos emitió una recomendación, la cual fue aceptada por la Fiscalía General de Veracruz, pero rechazada por las autoridades del Municipio de Mecatlán.
Al resolver un recurso de impugnación presentado por el padre de la niña, la CNDH ratificó la recomendación emitida por su contraparte estatal y pidió al Ayuntamiento de Mecatlán reparar integralmente el daño a la joven.
Para ello, las autoridades deberán brindarle atención médica, psicológica y social, así como la indemnización correspondiente, e inscribirla en el Registro Estatal de Víctimas para que acceda al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado.