La Cancillería mexicana expresó su más sentido pésame a los familiares del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, quien fue ejecutado hoy en Texas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos le negó revisar el caso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó en el documento que expresa una “enérgica protesta” por el incumplimiento de Estados Unidos al fallo conforme al cual Estados Unidos estaba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y sentencia impuesta a Cárdenas Ramírez.
La Cancillería mexicana también condenó el incumplimiento de la resolución 41/2017 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de octubre de 2017, relacionada con las medidas cautelares que la Comisión solicitó al Gobierno de Estados Unidos a adoptar.
“El Gobierno de México se opone a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas”, lamentó la SRE.
El Gobierno de México, afirmó la Secretaría, agotó las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance, en Estados Unidos y a nivel internacional, para que se revisara el caso de Cárdenas Ramírez y obtener la suspensión de la ejecución.
Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores, solicitó por escrito al Gobernador de Texas, Greg Abbott y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del Estado, la suspensión de la ejecución y conmutación de la pena; sin embargo, a raíz de la negativa de la Corte, la Cancillería afirmó que continuará brindado asistencia consular y acompañamiento a los familiares recién ejecutado.
La SRE indicó que continuará impulsando el pleno cumplimiento del fallo Avena y la importancia de la notificación consular como elementos indispensables en el ejercicio de la labor de protección de sus ciudadanos que realizan los Estados en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Rubén Cárdenas Ramírez es el quinto mexicano ejecutado en franca violación al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, el 31 de marzo de 2004.