Aunque el descontrol carcelario quedó evidenciado desde el inicio de la Administración de Jaime Rodríguez con la matanza de 49 reos en el Penal del Topo Chico en febrero del 2016, el Gobierno estatal ha relegado la inversión penitenciaria
Este año, por ejemplo, el presupuesto de Inversión Estatal aprobado por el Congreso local fue de 5 mil 726 millones de pesos, pero, según información del Gobierno, cerrará en más de 10 mil millones.
Sin embargo, de esta suma sólo 300 millones de pesos están reservados a los penales y no han sido ejercidos porque el Estado espera que lleguen recursos de la Federación, que tiene a sus reos en los penales estatales
Actualmente, el Gobierno estatal sólo tiene trabajos de delimitación de áreas por 36.9 millones de pesos en el Penal del Topo Chico.
La crisis en las prisiones volvió a estallar el martes con un motín en el Penal de Cadereyta que dejó al menos 17 muertos y llevó a más de 70 la cifra de fallecidos por disturbios en reclusorios en los dos años del Gobierno de Rodríguez.
En todo el sexenio pasado de Rodrigo Medina se reportaron 67 muertos en disturbios penitenciarios.
Aldo Fasci, vocero de Seguridad estatal, admitió deficiencias en los tres penales, pero alegó que no es posible emprender soluciones definitivas sin recursos federales.
“Se requiere una inversión inicial de 900 millones del Gobierno federal, que estamos esperando”, dijo Fasci.
“El Gobierno del Estado no tiene ese dinero para iniciar nuevas áreas”, reiteró.
“El proyecto está totalmente terminado, ya tiene tiempo, cumple con las normas, pero sin dinero no podemos iniciar”.
En abril pasado, el Gobernador descartó continuar el proyecto de un nuevo penal en Mina, que inició la Administración de Medina, por no tener apoyo federal para los 6 mil millones de pesos de la obra.
En cambio, Rodríguez planteó nuevas áreas en los penales con un costo de 3 mil millones de pesos, de los que esperan obtener 900 millones de la Federación.
