Una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad evidenció un desvío millonario de recursos que deberían destinarse para combatir la pobreza y que terminaron en poder de empresas “fantasma”.
El desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre la Secretaría de Desarrollo Social y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.
En 2013, cuando Rosario Robles encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social, tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.
Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado y no encontró constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.
De lo que sí hay pruebas es de que la Sedesol pagó por los servicios.
En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con las dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.
Las universidades no dieron ningún servicio y sólo se prestaron para la operación y se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.
Pero el resto del dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas llenas de irregularidades por las que incluso deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos.
La Sedesol se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada.
Durante varios meses, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad visitaron las oficinas de las empresas ubicadas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.
La investigación arrojó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía a tres catalogadas como “empresas fantasma” en 2015, y tiene a otras tres bajo investigación por presuntas operaciones irregulares. Seis más no tienen registro ante la Secretaría de Economía, indispensable para operar. Otra compañía desmanteló su oficina apenas recibió el dinero. Una no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Tres más tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar. Otra tiene sólo una oficina virtual y una más opera en un despacho contable sin personal o infraestructura. Solo una es legal.
Para el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, consultado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los titulares de las dependencias son los responsables. En ese periodo, la secretaria de Desarrollo Social era Rosario Robles y el Oficial Mayor, Emilio Zedabúa.