Ayer las comisiones unidas de Hacienda y Gobierno del Ayuntamiento leonés aprobaron no permitir a los consejeros ciudadanos que sean representantes en el Comité de Adquisiciones, participar en licitaciones del municipio y por ende ser contratistas. 

Será este próximo jueves en sesión del Ayuntamiento, en donde se ratifique la decisión. 

La limitante también abarca también a sus familiares en primer grado, conyujes y empresas con las que tengan vínculos. Esto quedó establecido en el artículo 49 del Reglamento de Adquisiciones, ahora reformado.

“Actualmente los consejeros ciudadanos pueden recibir contratos por parte del municipio, incluyendo del comité de adquisiciones con el solo requisito que se excusen de intervenir en el proceso. A nosotros nos parece que es incorrecto, que esto se puede prestar a muchas suspicacias”, expresó el regidor Salvador Ramírez Argote, uno de los promotores de la iniciativa.

Recordó el caso del ex consejero ciudadano, Juan Antonio Guzmán Acosta, a quien en el pasado mes de mayo fue señalado, porque a la empresa Auren de la cual es socio, se le adjudicó un contraro de Obra Pública, que ascendía a más de 1.4 millones de pesos.

“Estamos evitando que vuelva a suceder estas situaciones. Se podría decir que hay que elegir ser servidor público o hacer negocio con la administración pública. 

Argote precisó que no sólo se les negarán contratos que salgan del Comité de Adquisiciones, sino de cualquier concurso que saque la adminitración y aunque esta reforma no contempla miembros de otros consejos como el de Sapal o Aseo Público, dijo que sería bueno analizarlo.

“Porque seguramente quienes participan en el consejo de SAPAL o en otros, sí toman también decisiones que tienen qué ver mucho con el manejo de recursos”, concluyó.

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