Ni el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías ni el personal que atendía el albergue La Ciudad de los Niños de Salamanca son investigados por las autoridades, ante las denuncias por abusos físicos y sexuales, encierros y mala alimentación.
Esto fue reconocido en una reunión efectuada el jueves en la PGR, en la que la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) solicitó formalmente a esa dependencia que atraiga la investigación.
Además solicitó que el Gobierno Federal asuma la responsabilidad del albergue y los niños, niñas y adolescentes que en él se encuentran, al señalar la incompetencia de las instancias del estado de Guanajuato para ello.
El miércoles la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que atraería el expediente de queja iniciado en Guanajuato, y pidió la colaboración a la instancia estatal.
La situación de este albergue y otros operados por La Ciudad del Niño de Salamanca, asociación que preside el sacerdote Gutiérrez Farías, fue conocida al divulgarse una sentencia de amparo emitida por la juez del noveno distrito de Irapuato, Karla María Macías Lovera, en la que ésta se allegó de informes oficiales del DIF y de la Procuraduría local que confirmaron reportes, denuncias y quejas por presuntos abusos cometidos por el padre Pedro y sus colaboradores.
El sacerdote y una religiosa que lo auxiliaba en los albergues registraron a más de 130 niños como si fueran sus hijos, con los apellidos de ambos, lo que fue admitido por el Registro Civil de Guanajuato.
Gutiérrez Farías no presentó algún permiso, aval o certificación que acreditara el reconocimiento como centro de asistencia social.
La reunión de ese día fue encabezada por la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, y entre otros funcionarios del Gobierno de Guanajuato estuvieron el director del DIF Estatal, Alfonso Borja Pimentel, y personal de la Procuraduría de Justicia.
Integrantes de asociaciones civiles defensoras de la niñez también estuvieron presentes para analizar la situación que guardan en el albergue los menores de edad.
Ven carencias en el DIF
Aunque se afirmó que no todos los 71 menores y adolescentes albergados fueron víctimas de algún delito, el DIF continúa con el levantamiento de datos.
Es por ello, dijo Juan Martín Pérez, que se planteó formalmente a la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR que este caso debe ser atraído urgentemente por la instancia federal.
Además “ha sido muy evidente que las procuradurías de Protección y de Justicia, como el DIF, no tienen el personal, la experiencia ni la capacidad para llevar este caso; no hay condiciones de infraestructura, capacidad instalada, visión. Y deben fortalecerlas, porque así como está este caso, seguramente hay otros que no han salido a la luz”.
Además de ello, se deben investigar delitos federales como el registro en actas de nacimiento con los apellidos del padre Gutiérrez y la religiosa Hortensia Jiménez, sin que ello exima o elimine la responsabilidad y las indagatorias que las autoridades estatales deben realizar, señaló Juan Martín Pérez.
“Las denuncias por abusos y embarazos de jóvenes podrían configurar trata, así como la presencia de albergues en otros estados y la injerencia de la Iglesia católica”, remarcó.
Por lo pronto, se acordó establecer una mesa de trabajo para revisar los casos y colaborar en la restauración de los derechos de las víctimas, a la que se convocará a las autoridades de Michoacán, donde también hay un albergue de la asociación La Ciudad de los Niños de Salamanca.
“Insistimos en que es necesaria una investigación y lucha contra la impunidad, porque es insostenible pensar que, con todas las denuncias, el sacerdote no haya sido presentado ante las autoridades para rendir cuentas. Tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, pero no se puede descartar de antemano sea investigado”, pidió.