El presunto propietario del estacionamiento sobre el arroyo Los Arcos demandó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a ex funcionarios municipales del Comité de Prevención contra Inundaciones por “despojo”.
En 2014 la misma Procuraduría solicitó desalojar el arroyo debido a que se inundan las instalaciones del edificio de Prevención Social, donde están las oficinas del Ministerio Público.
Entre los demandados figura Agustín Báez Vázquez, ex coordinador del Comité contra Inundaciones, y Crescencio Sánchez, ex director de Protección Civil Municipal, así como personal de las áreas jurídicas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y del Municipio.
En 2015 la PGJE solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para desalojar el estacionamiento que está sobre el arroyo.
Francisco Salazar Carpio, supuesto dueño del predio, presentó la demanda contra las dependencias señalando que los habían despojado y se ampara con escrituras que están a nombre de Juan Carlos Rodríguez Salazar, hechas por Miguel Ángel Contreras, notario público No. 4 de San Francisco del Rincón.
Agustín Báez señaló que no actuaron con apego a la Ley en base a una denuncia presentada por la misma Procuraduría luego de que se inundaron las instalaciones del edificio de Prevención Social a raíz de que taparon el arroyo Los Arcos y el canal con escombro en 2014.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó al Comité que dicho arroyo no está considerado como un cauce federal, pero recomendó al Municipio preservarlo debido a que desfoga el agua pluvial de la zona oriente.
Báez ha señalado que el supuesto propietario argumenta que compró a Cemex los terrenos por donde pasa el arroyo, y que amenazó con cerrar los accesos al edificio de Prevención Social si no le permitían operar el estacionamiento.
La demanda fue presentada también contra SAPAL y se asegura que la PGJE ya archivó la denuncia contra los ex funcionarios.
El Comité de Prevención se amparó con el oficio que envió la misma Procuraduría para desalojar el arroyo, luego Protección Civil levantó un acta del riesgo que representa que haya un estacionamiento sobre el afluente.
Salazar Carpio ha impugnado el caso y se ampara argumentando que el arroyo es de su propiedad.
Personal de Desarrollo Urbano negó que se haya dado permiso para operar el estacionamiento y que el dueño mantiene una demanda contra SAPAL y el Municipio.
Sin embargo no se explica por qué a pesar de no contar con permiso de uso de suelo y de operar un estacionamiento no se le ha clausurado, incluso pese al riesgo que representa en el arroyo y que se haya invadido el cauce.