Legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa para agravar los delitos de corrupción de menores y el turismo sexual.
La propuesta fue presentada por el diputada Lorenzo Chávez Salazar, quien comentó que este cambio obedece a un exhorto enviado por el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los congresos estatales, donde el Código Penal no contemplara este delito para que se legisle a favor de la protección de las niñas y niños del país.
El planteamiento es agregar dos artículos a la normatividad, en la que se establezca el delito de turismo sexual.
“A quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del Estado con la finalidad de que se realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una a varias personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o no se pueda resistir a éste, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y multa de doscientas a mil unidades. Se impondrá una pena de prisión de diez a veinte años y multa de quinientas a mil quinientas unidades, a quienes ingresen al territorio del estado con la finalidad de realizar actos sexuales reales o simulados con las personas a que hace alusión el párrafo precedente”, el artículo propuesto.
Lorenzo Chávez indicó que los artículos 203 y 203 bis del Código Penal Federal ya tienen tipificados los ilícitos relativos al turismo sexual, en contra de personas menores de18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.
Dijo que el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos dice que quien cometa estos actos será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa.
Chávez Salazar dijo que el Congreso debe tomar parte en la eliminación de este problema tomando en cuenta que el estado de Guanajuato es una de las entidades más receptoras de turismo en el país.
“Se necesita dotar al marco jurídico local de los instrumentos para erradicar este tipo de delitos y fortalecer la lucha contra la trata de personas en la modalidad de explotación sexual por el llamado turismo sexual”, concluyó.