El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la iniciativa para reformar y analizar diversos artículos de la Constitución Política para el Estado en materia de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, pese al rechazo de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Jorge de la Cruz Nieto, señaló que el PAN busca acelerar el proceso, porque se trata de un tema incluido en su agenda parlamentaria, pero consideró que no debe adelantarse este porque aún no se trabajan las leyes secundarias a nivel federal, y esto posteriormente podría generar que se tenga que modificar nuevamente legislación.
La diputada del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, aseguró que hay coincidencias en el tema, pero no en la forma en que se presentó la iniciativa, ya que a decir de ella, se incluyeron temas que no fueron consultados con los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La iniciativa fue realizada por la Dirección de Apoyo Parlamentario del Congreso local y sólo se realizó una mesa de trabajo, en la que se revisó el documento, y en la cual no participaron los integrantes de la comisión, sino únicamente asesores de los grupos parlamentarios.
La iniciativa
La propuesta legal fue presentada por el diputado panista y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Ricardo Torres Origel, quien aseguró que la iniciativa busca establecer y fortalecer la instituciones especializadas en temas de transparencia y acorde la reforma constitucional presentada el 27 de mayo por el Gobierno Federal.
“Es menester para los diputados, que somos iniciantes, hacer hincapíé que con la reforma y primordialmente a través de la coordinación, se fiscalizará de mejor forma, dando certeza y congruencia a esta función. Con ello se establece un verdadero sistema de fiscalización”, explicó.
Recordó que el nuevo esquema prevé el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos, y en su caso a particulares que participen en la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción derivados del ejercicio indebido de los recursos públicos o incumplimiento de alguna responsabilidad de funcionarios al servicio del estado.
“Estamos seguros que estas reformas en materia de combate a la corrupción, son las que determinarán un sistemas estatal certero, pues deben fortalecerse los controles internos como externos, con un esquema de coordinación entre autoridades”, agregó.
Señaló que la norma prevé la implementación de un comité coordinador que podrá emitir recomendaciones a autoridades con el objetivo de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento interinstitucional para prevenir faltas administrativas.
Además contempla la creación de un Comité de Participación Ciudadana que se establece como un mecanismo de participación integrado por la sociedad civil, sin militancia partidista, cuya integración, designación y atribuciones sean determinadas por ley.
“No queremos más contralores que se subordinen a quienes auditan y revisan, no queremos más contralores que puedan solapar la impunmidad ni queremos contraloría que se conviertan en ariete político para la negociación y el acuerdo secreto”, resaltó.
Indicó que este órgano colegiado convocaría a la sociedad civil para que se presenten propuestas de personas con un perfil idóneo para desempeñarse en cada municipio como titulates de los órganos internos de control, y a los cuales dentro de la iniciativa se les dotará de una autonomía técnica, de gestión y financiera.
“Una vez recibidas las propuestas analizarán las mismas, determinando la terna que deberá remitirse al ayuntamiento para su designación y nombramiento… en su momento haremos reformas en las leyes correspondientes que habrá de aplicar tanto para los contralores municipales como para el secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas”, subrayó.
Otro tema que considera la propuesta es que ni el estado ni los municipio podrán contraer obligaciones de empréstitos si no son destinados a inversiones públicas productivas y bajo las mejores condiciones el mercado. Se prohibirá pedir créditos para cubrir el gasto corriente.
Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondientes y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.
Asimismo, se plantea la integración de un comité que esté integrado por los titulares del Órgano de Fiscalización Superior, la Agencia Especializada en el Combate a la Corrupción, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y el del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, así como participantes ciudadanos.