En los últimos días la política municipal ha estado inmersa en diversos juicios, iniciados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra de los resultados vertidos en las pasadas elecciones del 7 de junio.
Desde intenciones para que se revierta el fallo (que dio el triunfo a Ricardo Ortiz) por compra de votos y situaciones anómalas en las elecciones, por rebasar el gasto de campaña programado y sobre todo que se apliquen sanciones contra el gobernador del Estado por utilizar propaganda en el tiempo de campañas, son los hechos que se necesitan aclara en lo inmediato.
De las 3 quejas que ha interpuesto el PRI contra las elecciones en 2 de ellas no se ha dado resolución, mientras la otra (del expediente TEEG-REV-67/2015) fue desechada.
En esta se intentó que se deshiciera la elección por considerar que el computo de la elección y la declaración de validez no estuvieron de acuerdo a los artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, además que no cumplían requisitos de elegibilidad en algunos candidatos de Acción Nacional.
En el expediente TEEG-PES-84/2015 se pide que comparezca y se aplique sanción al gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez por la difusión de propaganda gubernamental durante el periodo conocido como Veda Electoral.
Sobre ella, los magistrados, argumentaron que debía reponerse este proceso sancionador, para que se observe legalidad en la presentación de pruebas al gobernador, así como a varios directores del gobierno estatal, para llegar a una resolución.
Por último, la queja principal del PRI, se basa en el tope de campañas que debían tener cada uno de los candidatos en la contienda, de donde se pretende asegurar que Ricardo Ortiz supero la barrera de los 2 millones 400 mil pesos que eran tope.
Aún cuando el Tribunal Estatal desecho esta queja, mediante un recursos de apelación en el Tribunal Federal Electoral (con expediente SUP-RAP-227/2015) resolvió dejar sin efecto el dictamen técnico consolidado del Instituto Nacional Electoral (INE), que observaba gastos no correspondientes.
Estos últimas 2 quejas (aún sin resolución) por lo que pretende el PRI es que sean dictadas a su favor, y con ello se pueda realizar nuevas elecciones, tal como lo dicta la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que maneja este rubro cuando existe rebase de tope de campaña.