A pesar de que en México se cuenta con una Ley que obliga al Estado a intervenir de forma directa para evitar la violencia contra las mujeres, los ataques contra este sector “se vuelven cotidianos y permanecen en la impunidad”; así lo advirtieron senadores y diputados que integran la Comisión Permanente. Según un comunicado de prensa, en un dictamen que se aprobó en la sesión del pasado miércoles, los legisladores solicitaron al Instituto Nacional de las Mujeres un informe sobre los avances que han registrado el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para atender las recomendaciones realizadas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Además, pidieron que se den a conocer las medidas que se implementarán para cumplir, a la brevedad posible, con estas sugerencias. Argumentaron que en México la violencia contra este grupo de la población sigue en aumento y así “lo demuestran los índices históricos de delitos de alto impacto contra la mujer, como son las desapariciones forzadas, secuestros, feminicidios y trata de personas”. “Esta situación –enfatizaron senadores y diputados– se agrava en los estados de Michoacán, Estado de México, Quintana Roo, Nayarit y Durango, los cuales presentan los índices más altos de violencia de género”. Destacaron que 41 por ciento de las mexicanas ha declarado sufrir algún tipo de violencia al menos una vez: humillaciones, amenazas, insultos y otro tipo de violencia psicológica, emocional, económica, de control o chantaje por parte de sus parejas.
Señalaron que las mujeres divorciadas son más vulnerables, el 64 por ciento declaró que su separación se dio por causa de agresiones por parte de su pareja.