El rector del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, aseguró que la Contraloría universitaria ha excedido sus funciones al instaurar procedimientos y sancionar a profesores.
Así señaló sobre el caso del director de la División de Ciencias Económico Administrativas, Efraín Rodríguez de la Rosa, quien presuntamente autocontrató a su empresa “Aprendizaje para el alto desempeño”, a la cual se le condonó el uso de los Espacios Magnos del campus para la realización de un evento.
Sin embargo, el rector del Campus Guanajuato dijo confiar plenamente en el Director de la división, ya que fue designado por órganos universitarios que tienen su entera confianza.
Guerrero Agripino consideró que la Contraloría interna no debería investigar, procesar, sancionar y ejecutar al mismo tiempo, pues para ello está la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad de Guanajuato.
Aseguró que por ello el Consejo General Universitario emitió un comunicado, en el que solicita revisar el marco legal que rige la universidad, para contar con un instrumento legal que regule la actuación de la Contraloría.
“Yo soy uno de los firmantes, uno de los consejeros que firmó a favor de ese acuerdo, lo debo decir con toda franqueza, jamás el Consejo General ha acordado que la Contraloría no tenga competencia para iniciar revisiones y procedimientos en contra del actuar de los universitarios, lo que se acordó fue y hay que entender el acuerdo en sus tres partes, que se haga una revisión de la normatividad universitaria porque la Contraloría tiene facultades para hacer la gestión de los procedimientos, pero no para imponer sanciones a profesores y a autoridades ejecutivas”, dijo.
Explicó que la Ley Órganica de la universidad establece que tratándose de personal académico y de autoridades ejecutivas, serán las comisiones de honor y justicia de los órganos colegiados, las facultados para sancionar.
“No la Contraloría y nosotros lo que observamos fue que con estos casos (de Rodríguez de la Rosa), son 67 los que informó la Contraloría de 2012 a 2014 nada más de profesores y directivos”.
“Lo que nosotros planteamos es que debemos cubrir un principio muy importante, el principio de legalidad, donde la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite, y en efecto hay una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y esa misma ley para la aplicación de las sanciones nos remite a la reglamentación específica de la Universidad de Guanajuato, estaríamos nosotros mismos vulnerando la autonomía universidad que nos concede el artículo tercero constitucional”, señaló.
Se defiende institución
La Contraloría de la Universidad de Guanajuato investiga el caso del director de la División de Ciencias Económico Administrativas de acuerdo con la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, toda vez que Efraín Rodríguez de la Rosa es un académico con funciones administrativas.
El contralor Benito Arturo Silva Lule aseguró que una norma de carácter interno, no puede estar por encima de una ley, y la que rige a la Contraloría Universitaria es la Ley de Responsabilidades Adminitrativas y Servidores Públicos del Estado de Guanajuato.
“La ley dice que la Contraloría puede investigar, emitir acuerdos sometiendo a alguien a un procedimiento y sustanciar todo el procedimiento y por último sancionar, o sea que no estamos actuando fuera de la ley”.
Recalcó que la dependencia tiene facultades para sustanciar los procedimientos disciplinarios que hasta ahora ha aplicado y sancionar lo correspondiente.
Y subrayó que la Universidad de Guanajuato es un organismo público autónomo de carácter estatal, por lo que es un sujeto obligado a la observancia de la ley en referencia.
Reconoció que en conflictos relacionados con cuestiones académicas, la Contraloría no tiene participación, estas corresponde a la Comisión de Honor y Justicia, pero las que son de índole administrativa si entran dentro se sus facultades.
Silva Lule dijo que el caso del académico Rodríguez de la Rosa está en pausa, pese a que la dependencia tiene la anuencia para continuar la investigación, pero no ha podido ser notificada la reactivación del procedimiento.
Dijo que por el momento, se atiende la solicitud de Consejo General de que se revisen las normas internas de la universidad y los reglamentos externos.