El Congreso autorizó ayer una “prestación” para entregar a trabajadores de confianza de los poderes públicos, organismos autónomos y Municipios, al final de las administraciones.
El pago no podrá exceder los tres meses de salario, más la prima de antigüedad, y tendrá que ser devuelto por los funcionarios que regresen al servicio público en menos de tres meses.
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra de la iniciativa, pero la misma obtuvo 22 votos a favor y siete en contra, por lo que fue aprobada.
Premian con tres mesesa funcionarios salientes
Poderes públicos, organismos autónomos y administraciones municipales podrán entregar a los trabajadores de confianza al término de las administraciones “una prestación” que no exceda los tres meses de salario, más la prima de antigüedad.
Y es que diputados aprobaron reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, pese a que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra de la propuesta.
La nueva norma señala no obstante que los trabajadores que reciban dicha prestación y se reincorporen al servicio público en un plazo no mayor a tres meses, deberán reintegrar la parte proporcional de la prestación recibida que no corresponda a los 12 días de salario por cada año de servicio prestado, lo que deberán hacer en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de su incorporación.
Si reintegran además la prestación correspondiente a los 12 días por cada año de servicio prestado, conservarán la antigüedad que hubieren generado como producto de su relación laboral.
Asimismo indica que no podrán establecerse a favor de los empleados prestaciones adicionales de ninguna especie como consecuencia directa de la terminación del período de las administraciones públicas estatal, ayuntamientos, así como por la conclusión de una Legislatura.
Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra de la iniciativa, pero obtuvo 22 votos a favor y 7 en contra, por lo que fue aprobada.
La diputada suplente Martha Elena Lara Méndez aseguró que la nueva prestación representa un dispendio de recursos y que ha generado que los municipios adquieran compromisos financieros para pagarlas, los cuales heredan.
“La historia se ha repetido en cada uno de los municipios a lo largo de los últimos años y en esta ocasión, gracias a una visión patrimonialista del poder de quienes gobiernan, seguiremos sosteniendo los guanajuatenses los privilegios de los poderosos funcionarios de primer nivel que sangrará las finanzas públicas”, lamentó la priísta.
En contra parte, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Alfonso Ruiz Chico, resaltó que la reforma plantea la prohibición para el otorgamiento de bonos por término de las administraciones públicas.
Sostuvo que la nueva norma contribuye al uso responsable y racional de los recursos públicos con el establecimiento de la prohibición del otorgamiento de bonos que lesionan el erario público.